San Luis Potosí, S.L.P., jueves 16 de julio de 2026.- Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide parte de la reforma al Código Penal impulsada por el Congreso del Estado, la diputada María Leticia Vázquez Hernández reconoció que el Poder Legislativo ya contempla modificar el delito de “mensajes intimidatorios” incluso antes de que el máximo tribunal emita una resolución sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La legisladora, promotora de la iniciativa, explicó que el Congreso analiza realizar ajustes a la redacción de la reforma para atender los cuestionamientos formulados por el organismo nacional, el cual advirtió que el tipo penal contiene conceptos ambiguos como “temor colectivo” y “alteración del orden público”, sin parámetros objetivos que delimiten la conducta sancionable y que podrían dar pie a interpretaciones discrecionales que afecten la libertad de expresión.

Aunque defendió que el objetivo de la reforma siempre fue combatir la difusión de mensajes vinculados con la delincuencia organizada, como las narcomantas, y proteger a la población, reconoció que el texto podría modificarse antes de que la Suprema Corte emita un fallo definitivo. La postura representa un cambio respecto a la defensa que hicieron los diputados durante la aprobación de la iniciativa, cuando sostuvieron que la redacción era suficiente para garantizar certeza jurídica.

Con ello, el Congreso busca adelantarse a un eventual revés judicial y corregir una legislación que apenas entró en vigor el pasado 8 de mayo y que ya enfrenta un proceso de control constitucional. La estrategia pretende evitar que sea la Suprema Corte la que determine la invalidez de las disposiciones cuestionadas, en particular aquellas relacionadas con los conceptos que la CNDH considera vagos e imprecisos.

En otro tema, Vázquez Hernández informó que la comisión legislativa que preside continúa sesionando durante el receso parlamentario para abatir el rezago de iniciativas. Indicó que actualmente se dictaminan entre ocho y diez asuntos al mes, aunque reconoció que varios expedientes permanecen pendientes debido a la necesidad de contar con opiniones técnicas de diversas instituciones. Asimismo, no descartó que las modificaciones a la reforma sobre “mensajes intimidatorios” puedan discutirse en un periodo extraordinario de sesiones, si existe consenso para hacerlo antes de que la Suprema Corte emita su resolución.