San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 15 de julio de 2026.- Habitantes de la comunidad indígena de La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, exigieron la destitución y el encarcelamiento de la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, a quien responsabilizan del desalojo que derivó en la demolición de viviendas, la destrucción de cultivos y presuntas agresiones contra familias que, aseguran, han habitado el predio por más de tres décadas.


Los afectados rechazaron las declaraciones del Ayuntamiento, que sostiene que en el sitio únicamente habitaban dos familias y que se trata de una colonia. Los pobladores afirmaron que La Peña es una comunidad indígena integrada por familias hablantes de náhuatl y tének, con más de 30 años de posesión del terreno, donde aseguran haber trabajado de manera permanente. Señalaron que existen expedientes y documentación en dependencias gubernamentales que acreditan la antigüedad de su ocupación.


Olga, una de las personas desalojadas, relató que las autoridades llegaron sin previo aviso y acompañadas por elementos armados, quienes obligaron a las familias a abandonar sus viviendas bajo la lluvia sin permitirles rescatar sus pertenencias. Afirmó que durante el operativo varias personas fueron golpeadas y que posteriormente las casas fueron demolidas, pese a que, según dijo, la orden únicamente contemplaba el desalojo del terreno y no la destrucción de las construcciones. Además, denunció el robo de objetos personales y aseguró que las autoridades nunca les mostraron documentos que acreditaran la propiedad del predio.


Los afectados también acusaron que maquinaria pesada fue utilizada para cubrir con tierra los restos de las viviendas y eliminar evidencias del operativo. Aseguraron que fueron destruidos árboles frutales, cultivos, muebles y enseres domésticos, pérdidas que consideran irreparables para las familias que dependían de esos bienes. Estimaron que al menos diez viviendas fueron derribadas, en contraste con la versión oficial que sostiene que no existían casas en el lugar.


Los representantes de la comunidad señalaron directamente a la presidenta municipal, así como a funcionarios del Ayuntamiento y mandos de corporaciones de seguridad, de haber ordenado y permitido las agresiones durante el desalojo. Por ello, exigieron que se inicien investigaciones penales, se sancione a los responsables y se repare integralmente el daño ocasionado a las familias afectadas.


Asimismo, denunciaron que continúan siendo objeto de intimidaciones mediante patrullajes y personas que toman fotografías y videos de quienes participan en las protestas. Informaron que en los próximos días acudirán a la Ciudad de México para exponer el caso ante la presidenta de la República, con el propósito de solicitar la intervención del Gobierno Federal y denunciar las presuntas violaciones a los derechos de la comunidad indígena.