San Luis Potosí, S.L.P., viernes 03 de julio de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a presionar al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que informe las acciones realizadas en cumplimiento de la sentencia que ordena efectuar consultas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad antes de modificar la Ley de Educación estatal.
El máximo tribunal otorgó un plazo de 20 días hábiles para presentar avances y advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Roberto García Castillo.
El nuevo requerimiento deriva del acuerdo emitido el pasado 1 de julio dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023. En él se toma en cuenta el informe presentado por el coordinador de Asuntos Jurídicos del Poder Legislativo, Walter Alfonso Espinoza Huerta, quien notificó una reunión celebrada el 26 de mayo con personal de la Corte para revisar el estado del cumplimiento. En ese documento también expuso que la organización de las consultas enfrenta limitaciones presupuestales, logísticas, sociales y de tiempo.
Además de acreditar las gestiones realizadas, la SCJN solicitó al Congreso demostrar qué acciones ha emprendido ante el Poder Ejecutivo y otras instancias para obtener los recursos necesarios que permitan desarrollar las consultas. También deberá presentar un calendario detallado con las etapas y fechas previstas para ejecutar estos ejercicios durante 2026, como parte del proceso que antecede a la adecuación de la legislación educativa. El nuevo requerimiento se da en contexto en el que el propio Congreso reconoció meses atrás que carece de recursos suficientes para atender la sentencia.
Entre las alternativas que analiza se encuentra la elaboración de un protocolo que reduzca significativamente el costo de las consultas, calculado en alrededor de 15 millones de pesos, así como la posibilidad de establecer un convenio con el Gobierno del Estado para que el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) participe en la organización de estos procesos, indispensables para cumplir con el mandato de la Corte.
