San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 01 de julio de 2026.- San Luis Potosí fue incluido entre las entidades donde se realizará la consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, luego de que el Gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria correspondiente. En territorio potosino se instalarán tres sedes de consulta el próximo 12 de septiembre, dirigidas a comunidades Nahua, Tének y Xi’iuy.

Las asambleas tendrán lugar en Ciudad Valles, Tamazunchale y Santa María Acapulco, localidad perteneciente al municipio de Santa Catarina. La convocatoria fue emitida de manera conjunta por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), como parte del proceso previo a la presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

En Ciudad Valles se concentrarán comunidades Nahua y Tének de distintas regiones de la Huasteca potosina, mientras que Tamazunchale recibirá a representantes de pueblos Nahuas asentados en la zona sur del estado. Por su parte, Santa María Acapulco será la sede para la participación del pueblo Xi’iuy o Pame, cuya presencia se extiende principalmente por municipios de la Zona Media y parte de la Sierra Gorda.

Previo a las asambleas, del 1 de julio al 6 de agosto, personal del INPI recorrerá las comunidades para informar el contenido de la propuesta legislativa y explicar el procedimiento de consulta. Posteriormente, cada pueblo desarrollará procesos internos de análisis conforme a sus usos y costumbres antes de acudir a las reuniones regionales.

Las asambleas forman parte de la etapa deliberativa de un proceso nacional que se desarrollará entre el 7 de agosto y el 13 de septiembre, periodo durante el cual las comunidades presentarán observaciones, recomendaciones y propuestas que serán recopiladas por las autoridades federales.

La consulta deriva de la reforma constitucional publicada en septiembre de 2024, que amplió el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos y ordenó la creación de una ley general en la materia. Aunque el plazo fijado para expedir esa legislación ya concluyó, el Gobierno federal inició ahora el mecanismo de consulta para integrar el proyecto.

Además del INPI, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, el proceso contará con el acompañamiento de instituciones como el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales especializados en derechos de los pueblos indígenas.

Las propuestas recabadas en las asambleas servirán de base para la redacción final de la iniciativa que será sometida a discusión legislativa.