San Luis Potosí, S.L.P., martes 23 de junio de 2026.– La protesta contra la denominada Ley Serrano comenzó a tomar forma desde temprano en la Alameda Juan Sarabia. Periodistas, comunicadores, creadores de contenido y activistas se congregaron con una exigencia que durante los últimos meses ha cobrado fuerza dentro y fuera de San Luis Potosí: ser escuchados. El movimiento surgió en medio de la polémica generada por el encarcelamiento de tres comunicadores, quienes posteriormente recuperaron su libertad, pero cuyo caso colocó a la entidad en el foco de medios nacionales e internacionales y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Lo que inició como una inconformidad del gremio periodístico terminó por convertirse en un reclamo más amplio sobre los límites entre la crítica pública y las consecuencias legales para quienes ejercen la comunicación.

Cerca de 200 personas iniciaron el recorrido entre pancartas, transmisiones en vivo y consignas dirigidas principalmente a la legislación impulsada desde el Congreso del Estado. “¡Fuera Ley Serrano!”, “¡Saquen a Serrano!” y “¡Nosotros les pagamos!” se repetían mientras la columna avanzaba por el Centro Histórico rumbo al recinto legislativo. Aunque el contingente fue creciendo con la incorporación de taxistas, víctimas, jubilados y comuneros, el origen de la movilización permaneció intacto: la defensa del ejercicio periodístico y la exigencia de garantías para informar sin temor a represalias. A cada paso se sumaban nuevas voces, pero todas convergían en una misma demanda: abrir el diálogo sobre una reforma que consideran lesiva para la libertad de expresión.

En ese trayecto también se agregaron los llamados grupos de choque cuya intención sería provocar incidentes y desviar la atención del reclamo central, mientras la marcha avanzaba. Alrededor de las 9:30 de la mañana los manifestantes llegaron al Congreso del Estado y encontraron cerrados los accesos principales. Lo que hasta entonces había sido una marcha pacífica se convirtió en una exigencia directa de diálogo. Del lado de afuera, periodistas y comunicadores insistían en ingresar para plantear ante los diputados sus preocupaciones sobre la Ley Serrano; del lado de adentro, personal de seguridad y trabajadores del Congreso intentaban contener el acceso. La tensión fue escalando entre empujones, reclamos y consignas, mientras en el interior los legisladores se preparaban para iniciar la sesión ordinaria número 81.

Mientras la presión se concentraba en la entrada principal, un grupo más reducido identificó el acceso secundario sobre la calle de 5 de Mayo, donde la vigilancia era menor. Al menos diez personas se dirigieron hacia ese punto y, tras un forcejeo con personal de seguridad y un elemento policial, lograron abrirse paso. El incidente se prolongó durante aproximadamente quince minutos en un estrecho pasillo que conecta con los baños del recinto legislativo. Finalmente, la primera línea de contención fue superada y los manifestantes consiguieron ingresar al edificio, llevando consigo una inconformidad que ya había trascendido el ámbito local.

A las 10:20 de la mañana, mientras los ciudadanos avanzaban dentro del Congreso, la Mesa Directiva declaró el inicio de la sesión con la asistencia de 18 diputados y la ausencia únicamente de la bancada de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, apenas transcurrido un minuto de trabajo legislativo, la presidencia solicitó la intervención de la fuerza pública al señalar que algunas personas que intentaban ingresar presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol. La afirmación provocó inconformidad entre los asistentes, quienes insistieron en que el núcleo de la protesta estaba integrado por periodistas, comunicadores y activistas que buscaban ejercer su derecho a la libre manifestación y a ser escuchados por los representantes populares.

Dentro del Congreso permanecían legisladores del PRI, PAN, Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, mientras que integrantes del Partido Verde Ecologista de México se ausentaron durante los momentos de mayor tensión. La ausencia no pasó desapercibida entre los manifestantes, especialmente porque una de las principales exigencias era la derogación de una legislación asociada políticamente a ese grupo parlamentario. Mientras los reclamos crecían, también aumentaban las críticas por la falta de disposición al diálogo y por la ausencia de algunas de las figuras señaladas durante la movilización.

La última resistencia se concentró en la puerta que conecta los baños con el salón de plenos. Empleados del Congreso, apoyados por una valla metálica improvisada, intentaron contener el ingreso mientras continuaban los llamados para que interviniera la fuerza pública. Finalmente, la barrera cedió y los manifestantes lograron acceder al corazón del recinto legislativo. El simbolismo del momento fue evidente: quienes habían comenzado la jornada marchando por las calles del Centro Histórico ahora se encontraban dentro del espacio donde se aprueban las leyes que buscaban modificar.

Durante la ocupación del recinto periodistas y comunicadores confrontaron a Sara Rocha, quien asumió la interlocución con los manifestantes al interior del Congreso. Los asistentes exigieron respuestas sobre la Ley Serrano, el encarcelamiento de tres comunicadores en meses recientes y las carpetas de investigación abiertas contra periodistas. Sin embargo, pese a los reclamos y a la insistencia de los presentes por establecer una mesa de diálogo, no se alcanzó ningún acuerdo ni compromiso concreto por parte de los representantes legislativos.

En el receso también quedaron expuestas diferencias entre legisladores. La diputada morenista Gabriela López Torres defendió la necesidad de privilegiar el diálogo y escuchar a los manifestantes, mientras que la legisladora del Partido Verde, Roxanna Hernández Ramírez, sostuvo que observó a personas en aparente estado inconveniente y afirmó haber sido agredida. Los señalamientos generaron un intercambio de posturas dentro del propio Congreso y reflejaron la polarización que rodea el debate sobre la Ley Serrano y sus implicaciones para la libertad de expresión.

Poco después de las 11 de la mañana, los ciudadanos ocuparon el salón de sesiones. Aunque la movilización había nacido desde el gremio periodístico, el espacio se convirtió en una tribuna para múltiples voces. Comunicadores, periodistas y defensores de derechos humanos retomaron el eje central de la jornada: la exigencia de derogar la Ley Serrano y abrir un diálogo real sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. El reclamo encontró eco en las advertencias que distintas organizaciones han realizado sobre la necesidad de proteger el trabajo informativo frente a posibles restricciones legales.

En paralelo, tamb1ién tomaron la palabra taxistas, víctimas, comuneros de Mexquitic y Escalerillas, trabajadores despedidos y ciudadanos que denunciaron presuntos abusos de autoridad. Las intervenciones se extendieron hacia diversos temas, desde cuestionamientos a la Fiscalía General del Estado hasta reclamos dirigidos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Sin embargo, el motivo que había reunido a la mayoría de los presentes seguía siendo el mismo: la preocupación por las consecuencias que la Ley Serrano podría tener para quienes ejercen labores informativas.

Durante cerca de una hora, el pleno dejó de funcionar como órgano legislativo para convertirse en un espacio de exposición ciudadana. Entre reclamos, testimonios y consignas, la defensa del trabajo periodístico permaneció como el hilo conductor de la jornada. Los asistentes insistieron en que la protesta no era únicamente por los tres comunicadores que fueron encarcelados y posteriormente liberados, sino por el mensaje que esos casos enviaron a todo el gremio y por el impacto que tuvieron al colocar a San Luis Potosí en el centro de la discusión nacional e internacional sobre libertad de expresión.

Cuando las intervenciones concluyeron, los manifestantes comenzaron a retirarse del recinto. Más tarde regresaron los legisladores del Partido Verde, aunque no lo hizo Héctor Serrano Cortés, cuyo nombre fue mencionado de manera recurrente durante toda la movilización. Finalmente, a las 12:00 en punto, con la asistencia de 26 diputados, la sesión ordinaria fue reanudada. El Congreso retomó su agenda, pero la jornada dejó una imagen difícil de ignorar: la de periodistas y comunicadores que llevaron su exigencia hasta el interior del Poder Legislativo en busca de algo que consideraban fundamental: ser escuchados. Periodistas toman el Congreso en defensa de la libertad de expresión