San Luis Potosí, S.L.P., lunes 22 de junio de 2026.– La venta de supuestos “permisos de circulación” sin validez oficial en San Luis Potosí no solo continúa operando pese a las advertencias de las autoridades, sino que ha evolucionado hacia un esquema más estructurado, con costos accesibles, cobertura en distintos municipios del estado y establecimientos que simulan formalidad, lo que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).


La titular de la dependencia, Manuela García Cázares, confirmó que se abrió una carpeta de investigación tras detectar la operación de un negocio que ofrecía este tipo de documentos sin autorización, a través de un establecimiento fijo donde se cobraban diversos servicios relacionados con permisos de circulación irregulares. “Es un tema que luego la gente lo considera como algo ordinario, pero es un hecho de carácter totalmente ilícito”, advirtió la fiscal.


De acuerdo con la investigación en curso, estos documentos se ofrecían como si tuvieran validez municipal, pese a no contar con ningún tipo de respaldo legal, y eran comercializados como parte de un servicio que aparentaba ser formal. La fiscal detalló que el establecimiento operaba como un negocio donde se expedían estos permisos a cambio de un pago. “Sí, claro, era un establecimiento y ofrecía el servicio y se cobraba por ello”, señaló.


En redes sociales y en las calles estos supuestos permisos se comercializan con costos que oscilan entre los 140 y 200 pesos, dependiendo del tipo de documento y del municipio que se simula, ofreciendo autorizaciones de distintas demarcaciones del estado, incluyendo municipios del Altiplano, la Zona Media y la Huasteca, lo que amplía su alcance y refuerza la apariencia de legalidad ante los usuarios. 


Además, los documentos serían entregados a través de presuntos “gestores vehiculares” que operan en oficinas instaladas de forma regular, lo que contribuye a la confusión ciudadana sobre su autenticidad.


La FGE indicó que la investigación continúa en curso y no se descarta la existencia de más puntos de venta o incluso una red de distribución de estos permisos ilegales en la entidad. “Estamos en esa parte de la investigación”, respondió la fiscal al ser cuestionada sobre el tiempo de operación del esquema. 



La autoridad también señaló que pueden iniciarse carpetas de oficio, además de las denuncias ciudadanas, debido a que estos permisos no están autorizados por ninguna instancia competente. “Nosotros podemos iniciar las carpetas de oficio y también la ciudadanía puede denunciar porque los permisos no son autorizados”, explicó.


Este fenómeno ocurre en un contexto en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) ya había reiterado que no existen permisos legales para circular sin placas ni tarjeta de circulación en San Luis Potosí. El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, precisó que desde el 17 de diciembre de 2024 estos documentos perdieron validez oficial, al no existir convenios entre el Gobierno del Estado y los municipios para su emisión, por lo que cualquier documento de este tipo carece de sustento jurídico. 



Pese a ello, la persistencia de estos esquemas evidencia una brecha entre la normativa vigente y su aplicación en territorio, donde la demanda ciudadana por regularización vehicular ha permitido la consolidación de un mercado paralelo que hoy es objeto de investigación.