San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 10 de junio de 2026.- Organizaciones civiles acusaron que las autoridades sanitarias mantienen sin respuesta el amparo promovido para ampliar el acceso a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en la entidad, situación que, advirtieron, refleja la falta de prioridad que se otorga a las políticas de prevención en materia de salud sexual.
Miguel Waldo Izquierdo, presidente de la Fundación Genoveva, informó que desde abril se presentó un recurso legal contra los Servicios de Salud del Estado con el objetivo de que el biológico pueda ser aplicado a sectores de la población que actualmente no están contemplados dentro de los esquemas oficiales de vacunación.
No obstante, señaló que a casi dos meses de haber iniciado el procedimiento, no existe una resolución que permita avanzar en la ampliación de la cobertura.
El activista sostuvo que limitar el acceso a la vacuna impide proteger a grupos considerados de riesgo y reduce el impacto que podrían tener las estrategias preventivas para disminuir la incidencia de enfermedades asociadas al VPH.
Las organizaciones participantes señalaron que el caso evidencia una problemática recurrente en las políticas públicas de salud, donde la atención suele concentrarse en enfermedades ya desarrolladas en lugar de fortalecer acciones preventivas que permitan evitar contagios y complicaciones futuras.
Por su parte, la activista y defensora de derechos humanos Kenya Cuevas afirmó que en San Luis Potosí persisten pendientes importantes en materia de atención a personas que viven con VIH y en el reconocimiento de derechos de la población LGBT+, lo que obliga a colectivos y organizaciones a asumir tareas de acompañamiento que, consideró, deberían ser atendidas por las instituciones gubernamentales.
Indicó además que diversos grupos han documentado deficiencias en los servicios de salud y obstáculos para desarrollar acciones comunitarias enfocadas en la prevención y el acceso a tratamientos.
Ante este panorama, las organizaciones anunciaron el impulso de una agenda de trabajo en la entidad que buscará fortalecer la atención integral a personas con VIH y promover reformas para garantizar que el trámite de reconocimiento de identidad de género para personas trans pueda realizarse de manera gratuita.
Los colectivos sostienen que el acceso a este derecho no debe estar condicionado a la capacidad económica de quienes requieren realizar el procedimiento y que eliminar los costos contribuiría a reducir barreras de exclusión para este sector de la población.
