San Luis Potosí, S.L.P., lunes 08 de junio de 2026.- El Informe Estadístico Mensual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con información actualizada al 31 de marzo de 2026, revela que 23 personas originarias de San Luis Potosí permanecen bajo protección federal, entre ellas 13 periodistas y 10 personas defensoras de derechos humanos, en un contexto en el que la entidad también aparece entre las peor evaluadas del país en materia de agresiones contra comunicadores.

El documento de la Secretaría de Gobernación señala que, desde la creación del mecanismo en 2012, San Luis Potosí ha acumulado 29 solicitudes de incorporación, incluidas dos registradas durante los primeros tres meses de 2026. Aunque la cifra es menor en comparación con entidades como Ciudad de México, Oaxaca o Guerrero, evidencia que los riesgos para periodistas y defensores continúan presentes en territorio potosino.

De las 23 personas beneficiarias actualmente incorporadas al mecanismo, 12 son mujeres y 11 hombres. Entre las personas defensoras de derechos humanos predominan las mujeres, con nueve de los diez casos registrados, mientras que entre los periodistas protegidos destacan los hombres, con diez de los 13 beneficiarios.

Los datos federales contrastan con los resultados obtenidos por San Luis Potosí en las mediciones nacionales sobre las condiciones para el ejercicio periodístico. De acuerdo con información comparativa de zonas metropolitanas elaborada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la entidad se ubicó en la posición 64 de 71 evaluadas en el indicador de agresiones a periodistas, dentro del rubro de Estado de Derecho.

La evaluación asignó a San Luis Potosí un valor de 14.25 agresiones registradas y una calificación de 56.63 puntos, lo que la coloca entre las zonas urbanas con mayores dificultades para garantizar condiciones seguras para el trabajo periodístico y la libertad de expresión.

El resultado dejó a la entidad por debajo de ciudades como Chihuahua, León, Aguascalientes, Guadalajara y La Laguna, además de registrar una posición inferior a Puebla-Tlaxcala y Ciudad de México. En contraste, Chihuahua obtuvo uno de los mejores desempeños nacionales, con una incidencia de 0.93 agresiones, mientras que Culiacán apareció entre los últimos lugares del ranking.

A nivel nacional, el informe del Mecanismo Federal reporta que al cierre de marzo de 2026 existían 2 mil 18 personas beneficiarias activas, de las cuales 690 son periodistas y mil 328 personas defensoras de derechos humanos. Las amenazas continúan siendo la agresión más recurrente documentada por la autoridad federal.

Las estadísticas también muestran que los servidores públicos siguen figurando entre los principales probables agresores identificados en los expedientes analizados por el mecanismo, junto con particulares y personas no identificadas.

La combinación de una de las peores posiciones nacionales en el indicador de agresiones a periodistas y la existencia de 13 comunicadores potosinos bajo protección federal refleja que, aunque la entidad no concentra el mayor número de casos del país, persisten condiciones de riesgo que mantienen vigente la necesidad de medidas de protección para quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

El panorama adquiere especial relevancia en San Luis Potosí tras la reciente intervención de la Secretaría de Gobernación y del propio Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el caso de las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, quienes enfrentaron procesos penales derivados de publicaciones realizadas en plataformas digitales en el contexto de la denominada “Ley de Inteligencia Artificial”.

Tras una nueva determinación judicial, ambas comunicadoras abandonaron el penal de La Pila, mientras autoridades federales mantienen el seguimiento del caso y reiteran la obligación del Estado de garantizar la libertad de prensa.

En un escenario donde la entidad ocupa uno de los peores lugares del país en el indicador de agresiones contra periodistas y mantiene a 13 comunicadores bajo protección federal, este caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de utilizar instrumentos legales que puedan inhibir o presionar el ejercicio periodístico crítico.