San Luis Potosí, S.L.P., lunes 01 de junio de 2026.- Tras la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), que ordenó al Congreso local dictaminar la denominada Ley Santi en un plazo máximo de tres meses, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Roberto García Castillo, admitió que se trata de un tema que debió ser atendido por el Poder Legislativo.

El legislador señaló que la determinación del órgano jurisdiccional será analizada el próximo martes por la Jucopo, con el objetivo de definir las acciones y el procedimiento que deberá seguir el Congreso para dar cumplimiento al fallo.

Luego de que colectivos ciudadanos recurrieran a la vía judicial para exigir avances en una iniciativa presentada desde marzo de 2024, García Castillo reconoció que este tipo de asuntos forman parte de las responsabilidades que el Congreso debe desahogar oportunamente.

Explicó que uno de los factores que han retrasado el avance de la propuesta está relacionado con los mecanismos de consulta requeridos para su análisis. En ese sentido, indicó que actualmente el Congreso trabaja de manera coordinada con la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la construcción de criterios y protocolos que permitan realizar estos procesos conforme a derecho.

Afirmó que la falta de dichos lineamientos ha impactado el avance de diversas iniciativas legislativas, aunque confió en que, una vez definidos, podrán agilizarse varios asuntos pendientes en la agenda parlamentaria.

La resolución del TEESLP se originó a partir del juicio ciudadano promovido por integrantes de colectivos de movilidad, quienes denunciaron la falta de trámite de la Ley Santi. De manera unánime, los magistrados concluyeron que el Congreso incurrió en una omisión legislativa al mantener sin avance formal una iniciativa ciudadana durante más de un año, afectando con ello el derecho de participación de los promoventes.
Como consecuencia, el Tribunal ordenó reactivar el procedimiento legislativo y llevar la propuesta hasta la etapa de dictaminación.

Sobre la participación de organizaciones civiles en el proceso, García Castillo manifestó que una vez definida la ruta de trabajo será importante escuchar a todos los sectores involucrados.

La Ley Santi es impulsada por agrupaciones como Pedaleando SLP, Vida Sobre Ruedas y Coalición de Movilidad Segura, las cuales buscan incorporar medidas orientadas a mejorar la seguridad vial, fortalecer la infraestructura para peatones y ciclistas, garantizar la accesibilidad universal y promover un transporte público más seguro y eficiente.