San Luis Potosí, S.L.P., domingo 31 de mayo de 2026.- Decenas de ciudadanos y activistas en defensa de los animales se manifestaron este domingo en la capital potosina para exigir justicia por el asesinato de dos perros en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez y demandar la aprobación de la denominada Ley HOP, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por maltrato animal en el estado.

La movilización inició alrededor de las 10:00 de la mañana en el Jardín de Tequisquiapan, donde se congregaron integrantes de distintas organizaciones protectoras de animales y ciudadanos indignados por el caso de “Laica” y “Solovino”, dos caninos que presuntamente fueron asesinados en un predio cercano a campos deportivos. Una hora después, los manifestantes partieron en marcha hacia el Congreso del Estado para exigir reformas legales que impidan que estos delitos queden impunes.

Carla García, representante de la organización Hueyamiga, acompañada por Margarita López y Yeran Zabala, de Amigos de Corazón, señaló que la indignación generada por este caso refleja la urgencia de fortalecer el marco legal vigente.

“Tenemos miedo de que, aun siendo un caso tan grave, la persona responsable termine en libertad, como ha ocurrido en otros expedientes. La presión social es lo único que nos queda para lograr que se apruebe la iniciativa en los términos que proponemos”, expresó.

La propuesta contempla aumentar las penas por causar la muerte de un animal, de los actuales tres a cinco años de prisión a un rango de cuatro a ocho años. Según los activistas, este ajuste impediría que los responsables accedan automáticamente a mecanismos alternos de solución, como la reparación del daño, y permitiría que los casos lleguen hasta una sentencia judicial.

Además, la iniciativa plantea incrementar hasta en un 50 por ciento las sanciones cuando existan agravantes, como actos de crueldad extrema, zoofilia, que el hecho ocurra frente a menores de edad o que participen servidores públicos.

Los colectivos afirmaron que desde 2015 se han judicializado alrededor de diez casos graves de maltrato animal en San Luis Potosí y, pese a ello, ninguno de los responsables ha terminado en prisión.

“Las penas actuales no permiten que haya consecuencias reales. Al final, terminan pagando una reparación del daño que, en ocasiones, se traduce en cantidades mínimas o incluso en donaciones de croquetas”, denunciaron.

Durante la protesta también se cuestionó el aumento de la violencia contra los animales y la normalización social de estas conductas. Los activistas consideraron que los actos de crueldad son cada vez más frecuentes y extremos, mientras que gran parte de la población permanece indiferente.

Asimismo, reiteraron que el caso de los dos perros asesinados no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, aun cuando algunos usuarios en redes sociales argumentaron que los animales se encontraban dentro de una propiedad privada.

Las organizaciones informaron que la denunciante del caso, identificada como Rocío, ya presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y cuenta con acompañamiento jurídico y respaldo de agrupaciones animalistas.

No obstante, señalaron que los procedimientos para denunciar maltrato animal continúan siendo lentos y complejos, pues en muchos casos las personas deben esperar varias horas para iniciar una carpeta de investigación y posteriormente enfrentar procesos prolongados.

Durante la manifestación también se advirtió sobre la existencia de otros casos recientes de crueldad animal registrados en municipios como San Ciro de Acosta y Villa de Pozos, además de reportes ciudadanos que apuntan a la posible existencia de más restos de perros en la misma zona donde fueron encontrados los cuerpos de Laica y Solovino.

Finalmente, los activistas señalaron que la problemática del abandono y la sobrepoblación canina tienen su origen en la falta de políticas públicas y en la reducción de recursos destinados a campañas de esterilización.

De acuerdo con datos expuestos por los colectivos, el presupuesto estatal para esterilizaciones habría pasado de aproximadamente ocho millones de pesos en 2015 a poco más de dos millones de pesos en la actualidad, cantidad que consideran insuficiente para atender el problema en todo el estado.

“Defender a los animales también es defender la vida y la sensibilidad social. Si no frenamos la violencia desde sus primeras expresiones, terminaremos normalizando conductas cada vez más graves”, concluyeron los manifestantes frente al Congreso del Estado.