San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 27 de mayo de 2026.- Representantes de centros de rehabilitación y familiares de personas con adicciones en San Luis Potosí manifestaron su rechazo a las reformas federales que buscan modificar la Ley General de Salud para endurecer la regulación y supervisión de anexos y clínicas de atención contra las adicciones, al considerar que podrían criminalizar los internamientos involuntarios y poner en riesgo miles de tratamientos.
Jorge Contreras, dirigente de Fuerza Nacional en San Luis Potosí, aseguró que los centros de rehabilitación han permitido salvar vidas y recuperar familias durante años de trabajo en la entidad. Señaló que, de acuerdo con estadísticas elaboradas por la organización en al menos 20 centros, miles de personas han logrado mantenerse sobrias tras recibir tratamiento.
Indicó que tan solo en “Casa de Vida” se han atendido alrededor de 8 mil 500 personas, de las cuales al menos mil cuentan con testimonios documentados de recuperación, mientras que otras han logrado reintegrarse socialmente y encabezar nuevos espacios de apoyo y rehabilitación.
Los representantes defendieron el internamiento involuntario como una herramienta necesaria en casos de adicción severa, al argumentar que muchas personas no aceptan ayuda por voluntad propia debido al nivel de dependencia a las drogas. Madres y esposas presentes compartieron testimonios de familiares que, afirmaron, lograron recuperarse tras ser ingresados contra su voluntad a centros de rehabilitación.
En contraste, criticaron las propuestas impulsadas en el Congreso de la Unión, las cuales buscan establecer nuevos mecanismos de supervisión, censos oficiales y lineamientos obligatorios para evitar violaciones a derechos humanos, actos de coerción o centros que operen como “cárceles privadas”.
Aunque reconocieron que existen anexos que han operado de manera irregular o incluso vinculados con actividades ilícitas, sostuvieron que la mayoría de los centros trabaja para salvar vidas y se encuentra dispuesta a someterse a procesos de regulación y capacitación.
“Nosotros no estamos en contra de la regulación, estamos en contra de que se hagan leyes sin escuchar a quienes trabajamos en el tema”, expresó Contreras, quien pidió a las autoridades federales incluir a especialistas, familiares y operadores de centros en la discusión de las reformas.
Los activistas también advirtieron sobre el incremento en el consumo de cristal en San Luis Potosí, droga que señalaron como la de mayor impacto actualmente. Afirmaron que cerca del 80 por ciento de las personas internadas en los centros presentan adicción a sustancias sintéticas, algunas mezcladas incluso con fentanilo.
Finalmente, los representantes de la red de centros de rehabilitación insistieron en que cerrar o limitar los internamientos involuntarios podría generar un aumento en la violencia, los delitos y la población en situación de calle vinculada a las adicciones, por lo que solicitaron que cualquier reforma priorice tanto la supervisión como la continuidad de los tratamientos.
