San Luis Potosí, S.L.P., martes 26 de mayo de 2026.- La votación que dio vida a la denominada “Ley IA” en el Congreso de San Luis Potosí volvió al centro de la polémica luego de que dicha reforma fuera utilizada como sustento jurídico para la emisión de órdenes de aprehensión contra diez voces críticas y activistas de la entidad, derivadas de una denuncia.
La reforma, promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés y aprobada el 14 de noviembre de 2025, adicionó el artículo 187 TER al Código Penal del Estado para sancionar el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”. El dictamen obtuvo 18 votos a favor, cuatro abstenciones y cinco votos en contra.
Entre los legisladores que respaldaron la iniciativa aparecieron diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Por Morena votaron a favor Carlos Artemio Arreola Mallol, Cuauhtli Badillo Moreno, José Roberto García Castillo y Luis Emilio Rosas Montiel.
Por el Partido Verde respaldaron la reforma Luis Fernando Gámez Macías, Luis Felipe Castro Barrón, César Lara Rocha, Roxanna Hernández Ramírez, Brisseire Sánchez López, María Dolores Robles Chairez, además del propio Héctor Serrano Cortés y Dulcelina Sánchez de Lira.
Asimismo, desde el Partido del Trabajo apoyaron la modificación Tomás Zavala González, Jacquelinn Jáuregui Mendoza, Diana Ruelas Gaitán y María Leticia Vázquez Hernández.
En contraste, votaron en contra los legisladores Marco Antonio Gama Basarte, Rubén Guajardo Barrera, Jessica Gabriela López Torres, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, mientras que Frinné Azuara Yarzábal, Nancy Jeanine García Martínez, María Aranzazu Puente Bustindui y Sara Rocha Medina optaron por abstenerse.
La aprobación de esta legislación ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles, activistas y representantes del gremio periodístico, quienes señalan que el Congreso local facilitó un marco jurídico que actualmente estaría siendo utilizado para inhibir la crítica y perseguir a voces incómodas para el poder político en San Luis Potosí.
Los señalamientos se intensificaron tras las recientes acciones de la Fiscalía General del Estado, institución que ha defendido las investigaciones bajo el argumento de presunta manipulación ilícita de identidad digital mediante inteligencia artificial.
La controversia aumentó luego de que la titular de la Fiscalía intentara deslindarse del conflicto afirmando que las personas señaladas no ejercen el periodismo, postura que fue rechazada por integrantes de la comunidad informativa local, quienes manifestaron respaldo a las personas involucradas y advirtieron riesgos para la libertad de expresión.
Finalmente la medida se mantiene en disputa entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales y abrir la puerta a interpretaciones ambiguas de la ley penal.
