San Luis Potosí, S.L.P., jueves 14 de mayo de 2026.– La búsqueda de personas desaparecidas en México se ha convertido en una labor marcada por el riesgo, la violencia y la falta de respaldo institucional, señalaron integrantes de Amnistía Internacional durante una conferencia realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde expusieron las condiciones que enfrentan las mujeres buscadoras en el país.

En la ponencia titulada “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, Brittany Alexis Huesca Cuautle, responsable de Activismo y Movilización de Amnistía Internacional México, advirtió que quienes participan en la búsqueda de familiares desaparecidos forman parte de los sectores más expuestos a agresiones, junto con personas defensoras del territorio y del medio ambiente.

Explicó que las mujeres buscadoras enfrentan un escenario agravado por factores como el género, la desigualdad económica, el origen étnico, la condición migratoria o alguna discapacidad, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a instituciones que, afirmó, no brindan garantías suficientes para desarrollar esta labor de manera segura.

Entre las principales problemáticas identificadas mencionó la discriminación, la estigmatización y la revictimización institucional, pues en muchos casos las propias autoridades responsabilizan a las personas desaparecidas de su situación, lo que desalienta las denuncias y profundiza la desconfianza hacia los mecanismos oficiales de búsqueda.

La representante de Amnistía Internacional indicó que las afectaciones para las familias van más allá de la seguridad, ya que la búsqueda constante provoca rupturas familiares, pérdida de empleo, desplazamientos forzados y daños severos a la salud física y emocional.

Añadió que muchas mujeres enfrentan estrés crónico, alteraciones del sueño y padecimientos derivados de la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Asimismo, señaló que la atención psicológica suele ser insuficiente debido a que las familias permanecen en una situación permanente de incertidumbre, sin poder cerrar procesos de duelo ante la falta de certeza sobre si la persona desaparecida continúa con vida.

Finalmente, Amnistía Internacional sostuvo que la impunidad se mantiene debido a la violencia institucional y a la percepción de posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales, situación que ha convertido el acceso a la justicia y a la búsqueda efectiva en un proceso excepcional.

Ante ello, la organización llamó a fortalecer las instituciones encargadas de atender desapariciones, reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y garantizar procesos con perspectiva de género e inclusión social.