San Luis Potosí, S.L.P., viernes 8 de mayo de 2026.– El Gobierno del Estado descartó modificar el salario base de los elementos de la Guardia Civil Estatal y mantendrá el esquema de bonos y compensaciones temporales, una medida que ha sido cuestionada por sus efectos limitados en las prestaciones laborales y futuras jubilaciones de los policías.
Durante las mesas de trabajo realizadas entre autoridades de Oficialía Mayor y representantes de policías jubilados, la administración estatal confirmó que no habrá un aumento salarial estructural para los agentes en activo. En su lugar, continuarán aplicándose incrementos mediante bonos no remunerativos y el denominado “ingreso mínimo integral”.
La postura oficial se sustenta en el argumento de evitar presiones inflacionarias y contener el crecimiento permanente del gasto público. No obstante, este esquema ha sido señalado por beneficiar únicamente el ingreso inmediato de los elementos, sin traducirse en mejoras reales para sus derechos laborales.
A diferencia de un aumento al salario base, los bonos no forman parte del cálculo de prestaciones como aguinaldo, prima vacacional o aportaciones para el retiro, por lo que los policías continúan percibiendo ingresos que, aunque aparentan ser mayores en el corto plazo, no fortalecen su estabilidad financiera a futuro.
Integrantes y representantes del sector de seguridad han advertido que esta política mantiene rezagadas las condiciones laborales de la corporación, particularmente para quienes se acercan a la jubilación, ya que sus pensiones seguirán calculándose sobre salarios base bajos.
Aunque el Gobierno Estatal sostiene que las bonificaciones permiten otorgar liquidez inmediata sin comprometer las finanzas públicas, las críticas apuntan a que la estrategia evita asumir el costo de una verdadera mejora salarial y traslada las consecuencias a largo plazo a los propios elementos de seguridad.
Las negociaciones entre autoridades y representantes del sector continuarán en los próximos días; sin embargo, hasta ahora no existe apertura para modificar la política salarial vigente.
