San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 29 de abril de 2026.– La acusación formal del Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tensó de nuevo la relación bilateral con México y abrió un frente político y judicial de alto impacto.
El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, señaló en una acusación hecha pública por el Departamento de Justicia a diversos funcionarios por supuestamente colaborar con el Cártel de Sinaloa mediante protección institucional y sobornos. Entre los implicados figura el senador Enrique Inzunza, así como autoridades municipales y de seguridad.
De acuerdo con el documento, los señalados enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas de alto poder y uso de explosivos, delitos que podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua en territorio estadounidense.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó haber recibido solicitudes de detención con fines de extradición, pero sostuvo que no se han presentado pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de los acusados, por lo que el caso será revisado por la Fiscalía General de la República.
En respuesta, Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de fundamento, además de calificarlas como un ataque político contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. En el mismo sentido, Inzunza defendió su trayectoria y negó cualquier vínculo criminal.
La lista de señalados incluye también a exfuncionarios de seguridad, fiscales y mandos policiales, así como al alcalde de Culiacán, quienes presuntamente habrían facilitado operaciones delictivas y filtrado información estratégica a la organización criminal.
Autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios habrían permitido al grupo operar con impunidad, participando incluso en actos de violencia, secuestros y protección de cargamentos de droga, a cambio de pagos millonarios.
La acusación se produce tras una serie de declaraciones de integrantes del propio cártel, como Ovidio Guzmán López e Ismael Zambada García, quienes en procesos judiciales en Estados Unidos admitieron redes de corrupción que involucraban a autoridades para facilitar sus operaciones.
