San Luis Potosí, S.L.P., viernes 25 de abril de 2026.– Las carencias en infraestructura y recursos humanos se han convertido en uno de los principales obstáculos para el funcionamiento del Poder Judicial del Estado, reconoció la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, al advertir que estas limitaciones impactan directamente en la capacidad de respuesta hacia la ciudadanía.

La titular del Poder Judicial explicó que la institución enfrenta una carga considerable de trabajo, con miles de asuntos pendientes, situación que se agrava ante la falta de espacios adecuados y personal suficiente para desahogar los procesos en tiempo y forma.

En ese sentido, señaló que actualmente se arrastra un rezago aproximado de 12 mil casos, principalmente en materia penal, lo que evidencia la presión constante sobre juzgados y salas de audiencia.

Zarazúa Martínez reconoció que, sin un fortalecimiento en la infraestructura judicial, como más salas de juicio oral, y sin la contratación de más personal, será complicado mejorar los tiempos de atención y resolución de los casos.

No obstante, admitió que aún no se cuenta con un diagnóstico técnico preciso que determine cuántos recursos adicionales serían necesarios, ya que este análisis corresponde al órgano de administración del propio Poder Judicial.

Esta falta de definición en las necesidades concretas contrasta con la urgencia del problema, pues el rezago continúa creciendo mientras la capacidad operativa se mantiene limitada.

El impacto de estas deficiencias no solo es administrativo, sino que repercute directamente en los ciudadanos, quienes enfrentan procesos más largos y, en muchos casos, retrasos en el acceso a la justicia.

Finalmente, la magistrada subrayó que será necesario un análisis interno para dimensionar las necesidades reales del sistema judicial, en un contexto donde la demanda de servicios continúa en aumento y las condiciones actuales resultan insuficientes para atenderla con eficacia.