La Auditoria Superior del Estado (ASE) reiteró que este martes 15 de marzo es el último día para que los 114 entes públicos obligados, entreguen en tiempo y forma su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021; se trata de los tres poderes del Estado, siete organismos autónomos, 58 municipios y 46 organismos descentralizados. Con corte al viernes pasado, solo cerca del 44% habían cumplido este mandato de ley.

A un día del vencimiento del plazo legal, la titular de la Auditoría Superior del Estado insistió en el llamado a todos los entes y funcionarios obligados para que no omitan esta disposición, cuyo no cumplimiento –reiteró-, se traduce en el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas castigado con pena de uno a tres años de prisión, así como probable destitución o inhabilitación por el doble de la privación de libertad.

Una vez formalizada la recepción de los documentos, el organismo fiscalizador estará en condiciones de iniciar el proceso de auditoría con las notificaciones de rigor y solicitudes de información respectivas. Continuarán los procedimientos hasta la entrega de observaciones preliminares, seguido del desahogo o presentación de pruebas por parte de los entes fiscalizados, para de este modo estar en condiciones de remitir los informes finales de auditoría el próximo mes de octubre, al Congreso del Estado.

En este sentido, la ASE revisará el gasto corriente, transferencias, subsidios, gastos de inversión; recursos federales, recursos fiscales e ingresos propios; el desempeño de la gestión y programas presupuestarios en un total de 122 auditorías financieras y de cumplimiento, 63 técnicas de obra pública, 10 de cumplimiento y 32 de desempeño y cumplimiento. Sin embargo, este número podría modificarse en función de situaciones no contempladas.

El organismo fiscalizador ejecutará estas auditorías 2021 bajo criterios específicos tales como el presupuesto del ente y los resultados de revisiones tanto a ejercicios anteriores, como a recursos del Ramo 33 auditados por la Auditoría Superior de la Federación, vigilando siempre el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y en apego a las facultades constitucionales para la revisión de las cuentas públicas.

De este modo, la ASE logrará la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, y la promoción de acciones o denuncias para la imposición de sanciones administrativas y penales por faltas graves, así como dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas administrativas no graves.