San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 08 de abril de 2026.– La Comisión Estatal del Agua (CEA) en San Luis Potosí enfrenta un escenario legal delicado luego de que su titular incurriera en presunto desacato a una sentencia de amparo que ordena garantizar el acceso al agua potable a una comunidad que ha padecido años de desabasto.

El conflicto se centra en la comunidad de Puerto de la Descubridora, ubicada en el municipio de San Nicolás Tolentino, donde habitantes denunciaron desde hace tiempo un suministro irregular, insuficiente y sin condiciones adecuadas de salubridad, lo que derivó en la promoción de un juicio de amparo en 2022 por la vulneración a su derecho humano al agua.

Tras el proceso legal, un juzgado federal resolvió a favor de los pobladores, instruyendo a la autoridad estatal a asegurar el acceso al recurso hídrico de manera continua, suficiente y en condiciones aptas para el consumo. Sin embargo, a pesar del mandato judicial, la resolución no ha sido acatada por la dependencia.

El incumplimiento de esta orden coloca a la CEA en una situación de posible responsabilidad legal, ya que el desacato a una sentencia de amparo puede derivar en sanciones severas para los funcionarios involucrados.

Entre las medidas contempladas por la ley se encuentra la destitución del titular de la comisión, además de otras posibles sanciones administrativas o incluso penales, en caso de persistir la omisión.

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de las resoluciones judiciales en materia de derechos humanos y la obligación de las autoridades de cumplir con los fallos que buscan garantizar condiciones básicas de vida para la población.

Mientras tanto, los habitantes de la comunidad continúan enfrentando las consecuencias de la falta de agua, a la espera de que se haga efectivo el mandato judicial que, hasta ahora, permanece sin cumplirse.