San Luis Potosí, S.L.P., viernes 27 de marzo de 2026.– El diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, defendió la reforma constitucional que establece límites a pensiones y jubilaciones pagadas con recursos públicos, al asegurar que el poder reformador tiene la facultad de modificar incluso resoluciones previas del sistema de justicia.

El legislador explicó que una reforma constitucional representa “el poder soberano”, al requerir mayorías en el Congreso de la Unión, el Senado y los congresos estatales, lo que le permite establecer nuevas disposiciones por encima de criterios anteriores. “Por eso va para atrás”, afirmó, en referencia a los excesos detectados en pensiones elevadas.

Arreola sostuvo que la medida no elimina derechos adquiridos, sino que fija parámetros para evitar abusos. “Todo el que trabajó tiene derecho a una pensión, pero se deben establecer máximos y mínimos para que el pueblo no pague los efectos de la corrupción”, indicó.

En ese sentido, señaló que la reforma también alcanzaría a organismos autónomos como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde cuestionó la falta de transparencia en el monto de pensiones de exrectores. “Primero habría que saber cuánto nos cuestan a las y los potosinos estas pensiones”, declaró.

El diputado consideró que es momento de reorientar el gasto público hacia el sector estudiantil, al advertir que la falta de atención a sus demandas ha derivado en protestas y toma de instalaciones universitarias. Aseguró que el Congreso local impulsará una adecuación normativa para garantizar la aplicación de la reforma en el ámbito estatal.

De acuerdo con el legislador, el principio constitucional plantea que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar la mitad del salario de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criterio que aplicará en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Arreola también criticó la opacidad en el manejo de recursos a través de organismos descentralizados y fideicomisos, donde dijo, se ocultan beneficios indebidos. “Es una trampa que tenemos que acabar”, sostuvo, al señalar que estas prácticas afectan directamente a la ciudadanía.

En cuanto a la implementación, explicó que la reforma entrará en vigor una vez que se emita la declaratoria constitucional en el Senado y deberá reflejarse en el siguiente ejercicio fiscal. Añadió que, al tratarse de una modificación constitucional, no procederán amparos en contra de sus disposiciones.

Finalmente, el diputado afirmó que la revisión será general y no dirigida a perfiles específicos, aunque insistió en que se deben analizar todos los casos, incluidos los de universidades públicas y tecnológicos. Asimismo, adelantó que el Congreso local discutirá en próximos días la armonización de esta reforma, así como otros temas de la agenda federal, como el denominado “Plan B”.