San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 25 de marzo de 2026.- La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) admitió que el modelo vigente de sanciones en materia de transparencia carece de eficacia para obligar a los entes públicos a cumplir, situación que ha derivado en que cerca de una veintena de sujetos obligados permanezcan con niveles de cumplimiento prácticamente inexistentes sin enfrentar consecuencias significativas.


El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, explicó que aunque el marco legal contempla amonestaciones y multas que pueden rondar los 175 mil pesos, estas medidas resultan insuficientes frente a conductas reiteradas de opacidad. Señaló que las sanciones actuales se limitan al ámbito administrativo, sin herramientas que generen un impacto más profundo en el actuar de las instituciones incumplidas.


Ante este panorama, el organismo analiza posibles ajustes para fortalecer el régimen sancionador, incluyendo la eventual inhabilitación de funcionarios o la vinculación del cumplimiento en transparencia con otros procesos administrativos. Ejemplificó que, a nivel federal, el incumplimiento puede influir en procedimientos relacionados con partidos políticos o sindicatos, lo que evidencia la falta de mecanismos equivalentes en el ámbito estatal.


Navarro Alviso precisó que el problema no radica únicamente en la falta de capacidades técnicas, sino también en la resistencia de algunos entes que, pese a contar con recursos, evaden sus obligaciones. No obstante, reconoció que en ciertos casos sí existen limitaciones operativas, como la ausencia de personal especializado, particularmente en organismos operadores de agua y agrupaciones sindicales.


Finalmente, apuntó que una de las propuestas en análisis contempla vincular el cumplimiento en transparencia con la asignación o ejercicio de recursos públicos. Sin embargo, advirtió que esta medida podría enfrentar obstáculos legales relacionados con la autonomía municipal e incluso derivar en controversias constitucionales. 

Aun así, subrayó que sin sanciones más contundentes y aplicables, la rendición de cuentas seguirá dependiendo más de la voluntad de los entes que de una exigencia efectiva.