San Luis Potosí, S.L.P., jueves 12 de marzo de 2026. – La cobertura de las movilizaciones realizadas el pasado Día Internacional de las Mujeres también representó riesgos para la prensa. De acuerdo con la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), al menos nueve mujeres periodistas fueron agredidas mientras realizaban su labor informativa en distintas manifestaciones registradas en varias entidades del país.

El organismo informó que, hasta el momento, se han documentado 10 agresiones ocurridas durante protestas realizadas en San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Nayarit y Puebla. En uno de los casos, una misma reportera fue víctima de ataques en dos ocasiones durante la cobertura.

Según el registro preliminar elaborado por la organización, siete de las agresiones fueron cometidas por personas que participaban en las movilizaciones. Entre las acciones reportadas se encuentran cuestionamientos al trabajo periodístico, intentos por revisar el material grabado, reclamos por la forma en que se realizaba la cobertura y obstáculos para documentar lo que ocurría en las protestas.

En el caso de San Luis Potosí, CIMAC señaló que algunas periodistas enfrentaron intentos de revisar el contenido de sus cámaras o teléfonos, así como reclamos directos mientras realizaban su labor informativa durante las marchas.

Ante este panorama, la organización advirtió que este tipo de incidentes vulnera el ejercicio de la libertad de expresión y limita la posibilidad de documentar lo que sucede en las manifestaciones públicas.

CIMAC subrayó que la labor de las mujeres periodistas es clave para que las demandas, testimonios y denuncias de las participantes en las protestas puedan trascender al espacio público y queden registradas como parte de la memoria colectiva.

Asimismo, la organización hizo un llamado a quienes participan en las movilizaciones a respetar el trabajo de la prensa y permitir el desarrollo de la cobertura informativa sin intimidaciones o agresiones.

También exhortó a las autoridades a garantizar condiciones de seguridad para quienes realizan labores periodísticas durante protestas, apegándose a los protocolos establecidos y evitando el uso excesivo de la fuerza pública.