San Luis Potosí, S.L.P., martes 24 de febrero de 2026.– Con 21 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma constitucional que extingue a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), organismo autónomo encargado de garantizar el derecho a la información en la entidad. La decisión se dio en medio de un debate legislativo marcado por acusaciones de retroceso democrático y de concentración del control de la información pública.


La reforma establece que las funciones que actualmente ejerce la CEGAIP serán transferidas a distintas instancias del Poder Ejecutivo y a los órganos internos de control de los propios sujetos obligados. El dictamen fue respaldado por la mayoría legislativa, mientras que los votos en contra provinieron de los diputados panistas Rubén Guajardo Barrera, Marcelino Rivera Hernández y Mireya Vancini Villanueva, así como de las diputadas priistas Frinne Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina.


Durante la presentación del dictamen en tribuna, el diputado Carlos Arreola Mallol defendió la reforma al señalar que forma parte de un proceso de transformación institucional alineado con el nuevo modelo federal. Argumentó que el objetivo es redefinir la estructura encargada de garantizar la transparencia, eliminar duplicidades administrativas y fortalecer la eficiencia del sistema, sin que desaparezca el derecho de acceso a la información pública ni la protección de datos personales.


El legislador reconoció el papel que desempeñó la CEGAIP en el sistema estatal de transparencia, pero sostuvo que el nuevo modelo responde a un mandato político derivado de la reforma federal. Señaló que el cambio implica trasladar atribuciones directamente a las instancias de control interno para que los derechos de acceso a la información y protección de datos puedan ejercerse bajo un esquema que, aseguró, será más eficaz.


Desde la oposición, sin embargo, se advirtió que la desaparición del órgano autónomo debilita uno de los principales contrapesos frente al poder público. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera calificó la reforma como un retroceso democrático al señalar que los organismos autónomos surgieron precisamente para garantizar independencia frente a los gobiernos en la vigilancia del uso de los recursos públicos.


“Fue gracias a que teníamos un organismo autónomo que transparentaba todo el recurso público, dónde, cómo y en qué se gasta cada peso y cada centavo”, expresó el legislador, quien además cuestionó ante quién podrán recurrir ahora los ciudadanos para conocer el destino del gasto público. Incluso advirtió que el nuevo esquema podría favorecer la concentración del control de la información.


Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, respaldó la reforma al considerar necesaria la armonización con el marco federal, aunque advirtió que el nuevo modelo implica riesgos que deberán vigilarse. Señaló que la transparencia no puede depender de voluntades políticas, sino de reglas claras y de órganos con capacidad real de revisión.


El decreto aún deberá ser aprobado por la mayoría de los ayuntamientos del estado y, una vez publicado en el Periódico Oficial, el Congreso tendrá hasta 120 días naturales para expedir la legislación secundaria que formalizará la extinción de la CEGAIP y la transferencia de sus funciones.