San Luis Potosí, S.L.P., viernes 30 de enero de 2026.– Colectivas y personas trans y no binarias advirtieron que el cobro por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género ha tenido un impacto directo en su acceso, al señalar que solo 11 personas han logrado completar el proceso pagando la cuota, desde que comenzó a aplicarse este año.
Durante un pronunciamiento público, señalaron que este número refleja el efecto disuasivo del costo, ya que muchas personas no cuentan con la solvencia económica para cubrir el pago, además de los gastos de traslado, alimentación y permisos laborales que implica el procedimiento, especialmente para quienes viven fuera de la capital del Estado.
Explicaron que el cobro se estableció en la Ley de Hacienda del Estado y asciende a 10.52 UMA, lo que consideran incompatible con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, al tratarse de un trámite que garantiza seguridad jurídica y reconocimiento estatal.
Las colectivas señalaron que ya se encuentran en contacto con organizaciones de litigio estratégico para analizar posibles acciones legales, aunque reiteraron que mantienen apertura al diálogo con las autoridades estatales y el Poder Legislativo para buscar una solución institucional.
Asimismo, solicitaron la adopción de criterios de gratuidad o subsidio, la armonización del marco normativo local con los principios de igualdad y no discriminación, así como la emisión de lineamientos claros que eviten cobros arbitrarios.
Añadieron que la afectación es mayor para personas que residen fuera de la capital del Estado, ya que el procedimiento implica desplazamientos desde otros municipios, con gastos adicionales y tiempos de espera que dificultan completar el trámite. Indicaron que esta situación profundiza las desigualdades territoriales y limita el acceso efectivo al reconocimiento legal de la identidad de género para quienes viven en regiones con menores recursos y menor presencia institucional.
Finalmente, reiteraron que el reconocimiento legal de la identidad de género no puede condicionarse a la capacidad económica y subrayaron que “la identidad no se cobra y los derechos no se condicionan”.
