San Luis Potosí, S.L.P., jueves 15 de enero de 2026. – Representantes de la comunidad indígena de San Marcos Carmona promovieron un recurso para la protección de sus derechos político-electorales, con el objetivo de que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona constituya una unidad de Atención de Asuntos Indígenas y realice las consultas correspondientes para la integración del Plan Municipal de Desarrollo.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Electoral del Estado, mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC) Los comuneros acudieron acompañados por el doctor Guillermo Luévano Bustamante, integrante de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), instancia que ha asesorado a la comunidad en la defensa de su territorio y del río Calabacillas.
La exigencia es que el Ayuntamiento realice una consulta pública, previa, libre, informada y culturalmente adecuada para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo. Explicó que, tras el reconocimiento oficial de San Marcos como comunidad indígena en noviembre de 2024 por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la autoridad municipal estaba obligada a realizar este proceso conforme a la Ley de Consulta Indígena del estado.
La defensa solicitó que el tribunal incorpore el enfoque del Acuerdo de Escazú en el análisis del juicio. Este tratado internacional, suscrito por México, garantiza la participación política de las comunidades en asuntos ambientales, así como la protección de personas defensoras del territorio. La propuesta busca que el órgano jurisdiccional reconozca la dimensión ambiental del conflicto y el derecho de San Marcos a incidir en decisiones que afectan su entorno.
El tribunal podría ordenar al Ayuntamiento la creación de la unidad de Asuntos Indígenas y la realización de la consulta exclusivamente con las personas reconocidas como integrantes de la comunidad.
Este proceso implicaría la entrega previa de información sobre presupuestos, programas y políticas públicas, al menos con 30 días de anticipación, para garantizar una participación efectiva y transversal en todas las áreas de gobierno.
