San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 14 de enero de 2026. – Mientras los partidos políticos en San Luis Potosí recibirán 174 millones 215 mil 596 pesos de financiamiento público durante 2026, el Congreso del Estado informó que no cuenta con recursos presupuestales para cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordenan realizar consultas públicas a comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad.
De acuerdo con la repartición de presupuesto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), el mayor monto será destinado al Partido Verde Ecologista de México, con 47.6 millones de pesos, seguido de Morena con 35.1 millones y el Partido Acción Nacional con 28.8 millones. El resto se distribuirá entre PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza San Luis Potosí y el Partido del Trabajo, conforme a los criterios establecidos en la legislación electoral.
En contraste, el Poder Legislativo estatal reconoció ante la SCJN que no ha podido dar cumplimiento a las sentencias derivadas de las controversias constitucionales 141/2022 y 152/2022, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales invalidaron parcialmente la reforma electoral de 2022 por haberse aprobado sin realizar consultas a los sectores directamente afectados.
Fue mediante la solicitud de acceso a la información promovida por el abogado Luis González Lozano solicitó a la Suprema Corte información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las sentencias. En la respuesta, se confirmó que el Congreso del Estado no ha realizado las consultas ordenadas y que el argumento expuesto es la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo dichos ejercicios de participación ciudadana.
La reforma modificó diversos artículos de la legislación electoral local, entre ellos el 98, 221 y 269, relacionados con los derechos político-electorales de personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad. En su resolución emitida en julio de 2023, la Suprema Corte ordenó al Congreso reponer el procedimiento legislativo y llevar a cabo consultas previas, libres e informadas, conforme a los estándares constitucionales.
De acuerdo con la normatividad vigente, el financiamiento a los partidos políticos se encuentra garantizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, mientras que las consultas ciudadanas ordenadas por la SCJN no cuentan con una partida específica, lo que ha impedido su ejecución.
El contraste entre ambos rubros en cuanto al financiamiento pondera las prioridades de los legisladores que asignaron montos para los partidos políticos y mantiene un rezago de 4 años en el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.
