En días recientes, conjunto a los albores del inicio de sesiones de la LXV legislatura, se ha anunciado desde Palacio Nacional la perseverancia del ejecutivo federal en tres reformas: (a) INE-TEPJF, (b) GN y (c) CFE.
Otro tema de su interés, ya lo hizo ver quien recientemente, también, tomó posesión de la presidencia del Senado, será la revocación o ratificación, según quede redactada la pregunta, del mandato de Huey Tlatoani.
También el coordinador del partido predominante ha escrito que tres iniciativas son de interés de ese grupo parlamentario; donde destacan intereses político-electorales (https://www.milenio.com/opinion/ricardo-monreal-avila/antilogia/lxv-legislatura).
Nada se ha sabido, al menos de manera pública, sobre la posible reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT.
Ésta se ha quedado sin luz ni sombra, sin pena ni gloria, en discusión bizantina.
Vanos, por ausencia de la realidad y sustancia concreta, son los esfuerzos tanto desde Insurgentes Sur como desde la comunidad en Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.
Al habitante de Palacio Nacional no le es de interés la CTI; cuantimás porque la meritocracia, tan digna de discusión y análisis, ha cimentado que profesionales de la CTI sean una componente de la clase media, tan vapuleada en la homilía mañanera.
Pero, adicionalmente al desdén hacia la clase media, asociada a la movilidad social ascendente que promueve el talento y trabajo de profesionales de la CTI, la reforma a la LCyT no está en el radar del ejecutivo federal por la enorme prioridad que tienen temas electorales en la segunda mitad del sexenio; cuyo arranque, para fines prácticos, es coincidente con el inicio de la LXV legislatura.
El sistema electoral mexicano ha sido el más reformado por mucho, notablemente en los recientes decenios; siempre, desde la percepción ciudadana, en busca de la silla.
Hechos históricos dan cuenta de esa materia desde las pugnas electorales entre Porfirio Díaz y Benito Juárez, ambos liberales del siglo XIX.
El primero se decía antirreleccionista, casi dijo desde La Noria en Oaxaca “que me den por muerto” –aunque luego se levantó en armas-, se postuló a presidir la república tres veces y luego se quedó mas de un periodo, el segundo se re-eligió varias veces … habrá que aprender de la Historia.
Entonces, ¿por qué insistir en la necesidad de discutir una reforma a la LCyT? … simple, es de beneficio social, no en busca de silla alguna.
Una reforma a la LCyT es necesaria para actualizar el estado en que se promueve y regula la CTI hacia la obtención y desarrollo de beneficios hacia la sociedad entera; diversos países son ejemplo de ello y mucho se ha dicho.
Ya que la CTI es de carácter transversal, los términos en que suceda una reforma a la LCyT demostrarían lo que México quiere y puede ser para atender problemas medioambientales y agua, de energía y sostenibilidad económico-social, de salud pública y biomedicina, en telecomunicaciones y conectividad, de inclusión social y movilidad sustentable, etcétera.
No es un asunto de si la comunidad o CONACYT tiene la razón, sino uno dónde el porvenir podría impulsar a México dentro de las 10 primeras economías del mundo; así de contundente, lo crean los legisladores o no.
Si la innovación se soporta en la generación y aplicación del conocimiento propio, se abrirán componentes de bienestar, se trata de propeler a la sociedad mexicana entera; no de ocupar una silla.
Mientras se consienta un presidencialismo omnipotente, tan concentrado unipersonalmente como el que se asimiló desde la instauración de la República en la segunda mitad del siglo XIX, seguirán las reformas al sistema político-electoral mexicano y quedarán otras muy importantes en el escritorio, empolvándose.
De las tres que interesan a Palacio Nacional, en este momento, la de la CFE, que buscará un tinte estatista, es la más cercana a CTI; deberá discutirse con atención, por ejemplo, es necesario un programa de transición energética integral y la CTI puede contribuir.
