Washington D.C., E.U.A., martes 6 de enero de 2026.- Las principales petroleras de Estados Unidos no fueron consultadas por el gobierno de Donald Trump antes ni después de la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, pese a que el propio mandatario aseguró públicamente que sí hubo comunicación. Así lo señalaron cuatro ejecutivos del sector con conocimiento directo del tema.

De acuerdo con estas fuentes, ni Exxon Mobil, ni ConocoPhillips, ni Chevron tuvieron información previa sobre la operación en Venezuela, ni sostuvieron conversaciones con la Casa Blanca sobre una posible inversión en el país en los días posteriores a la detención. Las reuniones con funcionarios estadounidenses, explicaron, comenzaron a programarse apenas esta semana.

Las versiones contrastan con lo dicho por Trump el domingo a bordo del Air Force One, cuando afirmó haber hablado con las petroleras “antes y después” de la captura de Maduro sobre planes para reactivar la industria energética venezolana. Sin embargo, uno de los ejecutivos fue claro: hasta el lunes, ninguna de esas empresas había sostenido diálogo alguno con la administración estadounidense sobre operar en Venezuela.

Las fuentes coincidieron en que, más allá del discurso político, la recuperación del sector petrolero venezolano enfrenta obstáculos mayores. Aunque Trump ha insistido en que las compañías estadounidenses están dispuestas a invertir miles de millones de dólares, solo Exxon, ConocoPhillips y Chevron tendrían la capacidad técnica y financiera para operar los complejos yacimientos del país, y aun así el panorama es incierto.

Chevron es actualmente la única petrolera estadounidense con operaciones activas en Venezuela, exportando alrededor de 150 mil barriles diarios de crudo pesado hacia refinerías de la costa del Golfo de México. Exxon y ConocoPhillips, en cambio, mantienen antecedentes conflictivos tras la nacionalización de sus proyectos durante el gobierno de Hugo Chávez, lo que derivó en largos procesos de arbitraje y reclamaciones millonarias.

A esto se suma el deterioro de la infraestructura petrolera, que requeriría años de trabajo y fuertes inversiones, además de la incertidumbre política, legal y regulatoria que rodea al país.