San Luis Potosí, S.L.P., viernes 02 de enero de 2026.– La Universidad Politécnica iniciara 2026 con reforma al decreto de creación de la Universidad misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2025, establece un nuevo marco jurídico que amplía de manera expresa las facultades educativas de la institución, en cumplimiento con la obligación de armonizar su normatividad con la Ley General de Educación Superior.
De acuerdo con el decreto administrativo publicado en el periódico oficial de la federación, la universidad queda legalmente facultada para impartir educación media superior, superior y de posgrado, lo que incluye programas de Técnico Superior Universitario, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, así como esquemas de certificación y educación continua. Esta ampliación del alcance educativo responde a los criterios federales que buscan diversificar las modalidades de formación y fortalecer la vinculación entre las instituciones públicas y las necesidades del entorno productivo.
El ajuste normativo incorpora de manera explícita a la Universidad Politécnica al Sistema Nacional de Educación Superior y al subsistema de educación tecnológica, alineando su operación con los lineamientos establecidos en la legislación federal, que privilegia la planeación institucional, la evaluación permanente y la flexibilidad curricular como ejes del modelo educativo.
Si bien el decreto no implica un cambio inmediato en la operación cotidiana de la universidad, sí formaliza una transformación que la institución había venido desarrollando de manera gradual en los últimos meses, como la adopción del modelo cuatrimestral y la reconfiguración de su oferta académica, ahora respaldadas por un marco legal actualizado.
En el ámbito de la gobernanza, la reforma mantiene a la Junta Directiva como el órgano máximo de decisión, al tiempo que refuerza su papel en la validación de cambios estructurales y amplía las atribuciones de la Rectoría para proponer modificaciones académicas y administrativas, conforme a los principios de coordinación y planeación establecidos en la Ley General de Educación Superior.
El decreto también ordena la abrogación del Reglamento Interior vigente desde 2010 y establece un plazo de 30 días para la emisión de uno nuevo, el cual deberá reflejar en normas internas la ampliación de niveles académicos y el nuevo modelo educativo, particularmente en materia de organización del personal, procesos administrativos y condiciones laborales.
