San Luis Potosí, S.L.P., lunes 22 de diciembre de 2025.– El diputado local Rubén Guajardo Barrera advirtió que el rebase de los topes de gasto de campaña se ha convertido en una práctica recurrente en los procesos electorales, sin que ello derive en consecuencias legales.

Señaló que, aunque el uso de recursos durante las campañas está normado, en la práctica existen vacíos que permiten que estas conductas se repitan.

Añadió que el financiamiento público a los partidos políticos fue diseñado para garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral; sin embargo, sostuvo que durante las campañas también se emplean recursos que no provienen ni de los institutos políticos ni de las y los candidatos, lo que distorsiona el modelo previsto en la ley.

Guajardo Barrera subrayó que estos recursos externos se utilizan sin que existan sanciones efectivas, aun cuando se superan los límites de gasto autorizados por la autoridad electoral. Apuntó que ningún proceso electoral ha sido invalidado por esta causa, lo que, dijo, refleja deficiencias en los mecanismos de fiscalización y control.

Ante esta inacción, consideró que el tema del financiamiento y la supervisión de los recursos de campaña deberá ser un eje central en la próxima reforma electoral a nivel federal, con el objetivo de revisar las reglas actuales y fortalecer la capacidad de vigilancia de las autoridades.

Como antecedente, recordó que en el proceso electoral de 2021 en San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fijó topes máximos de gasto de 29 millones 223 mil 864 pesos para la gubernatura, 2 millones 337 mil 909 pesos para diputaciones locales y hasta 11 millones 689 mil 545 pesos para ayuntamientos, además de que las candidaturas independientes tuvieron acceso a financiamiento público al ser consideradas como partidos de nuevo registro.