San Luis Potosí, viernes 12 de diciembre de 2025.- La presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine Martínez García, desestimó las preocupaciones expresadas por comunidades indígenas y organizaciones civiles de la Huasteca Potosina respecto a un posible escenario de fracking en la región, al asegurar que no existe ningún respaldo oficial que justifique la alarma. Sin embargo, los pueblos náhuatl y tének insisten en que los riesgos son reales y apuntan a evidencia territorial que contradice la postura de la legisladora.


Martínez García afirmó que las versiones sobre una eventual aplicación de fracturación hidráulica por parte de Pemex carecen de fundamento, pues —recordó— el expresidente Andrés Manuel López Obrador descartó públicamente esa posibilidad y el Plan Estratégico 2025–2035 de la empresa productiva del Estado no contempla proyectos de este tipo. Aunque reconoció haber sostenido reuniones con habitantes y activistas inquietos por el tema, insistió en que las preocupaciones no se sostienen en documentos oficiales y pidió no generar alarmas infundadas. Incluso anunció que buscará gestionar un encuentro con representantes de Pemex para que acudan directamente a la Huasteca a confirmar que el fracking no forma parte de sus planes.


Mientras la diputada buscaba transmitir calma, en las comunidades indígenas s mantiene una postura diametralmente opuesta. En el Foro Regional contra el fracking, autoridades comunitarias, consejeros indígenas y organizaciones civiles ratificaron su rechazo a la fracturación hidráulica, alertando que sus impactos negativos ya han sido documentados en otros estados: contaminación de acuíferos, sismicidad inducida y afectaciones profundas a los modos de vida locales. 


El debate tomó mayor fuerza por que organizaciones civiles presentaron un mapa elaborado con información de la Secretaría de Energía, que delimita las Áreas de Asignación de los polígonos petroleros Maguey y Castaña, ambos vinculados al Plan Estratégico 2025–2035 de Pemex. La cartografía muestra que dichos polígonos abarcan territorios indígenas de Tanlajás, Tampamolón, San Antonio, Coxcatlán, Aquismón y San Martín Chalchicuautla, lo que para las comunidades constituye evidencia clara de que su región se encuentra dentro de zonas de interés para actividades petroleras.


A partir de esta lectura territorial, las comunidades aprobaron una agenda de ocho acuerdos para blindar su territorio: desde la ratificación del rechazo al fracking y la exigencia de una ley general que proteja el agua frente a megaproyectos, hasta la elaboración de actas comunitarias, la solicitud de acuerdos de cabildo que restrinjan cambios de uso de suelo y la creación de comités de vigilancia ambiental. Consideran que estas medidas son necesarias precisamente porque, a su juicio, las autoridades tienden a minimizar o ignorar los riesgos.


Mientras la diputada insiste en que no hay motivos para encender alertas, los pueblos de la Huasteca aseguran que ya existen elementos técnicos y territoriales que justifican su preocupación que ponen en riesgo el agua, la tierra y la salud de la región.