San Luis Potosí, S.L.P., viernes 05 de diciembre de 2025.- La organización civil Cambio de Ruta llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0314, publicado el 18 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, mediante el cual se modificó el Código Penal para crear nuevos delitos vinculados al uso de la inteligencia artificial.
El representante del colectivo, Luis González Lozano, explicó que la reforma presenta diversos vicios de inconstitucionalidad que podrían vulnerar derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, el activismo y la participación ciudadana. Además advirtió la legislación podría afectar tareas de documentación y defensa de derechos humanos.
González Lozano recordó que la CEDH es el único organismo facultado para promover esta acción ante la Suprema Corte, por lo que solicitó que lo haga antes del 18 de diciembre, fecha en que vence el plazo legal. Subrayó que el decreto incorpora términos ambiguos como “alarma pública”, “alterar la paz social”, “confianza pública” y “riesgo verificable”, expresiones que permiten interpretaciones amplias y discrecionales por parte de las autoridades ministeriales y judiciales.
Pese a ajustes realizados durante la discusión legislativa, Cambio de Ruta alertó que la redacción aún abre la puerta a la criminalización de contenidos legítimos, incluidos memes políticos, recreaciones periodísticas y parodias artísticas, que podrían caer en los supuestos considerados delitos.
Ante ello, la organización solicitó a la CEDH impugnar la reforma, apoyarse en sus convenios con universidades, asociaciones profesionales, organizaciones civiles y especialistas para fortalecer los argumentos jurídicos, y comunicar públicamente la resolución que adopte debido a la trascendencia del caso.
Finalmente, pidieron que la Comisión establezca coordinación con otros organismos de derechos humanos y expertos nacionales e internacionales con el fin de generar precedentes que protejan los derechos fundamentales frente a regulaciones imprecisas sobre inteligencia artificial.
