San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 03 de diciembre de 2025.- Las organizaciones ILE y Nueva Luna reconocieron como un avance significativo la reforma aprobada por el Congreso del Estado al artículo 150 del Código Penal, que amplía las circunstancias en las que las mujeres no serán criminalizadas por interrumpir un embarazo después de las 12 semanas de gestación. Entre las nuevas excluyentes se consideran situaciones como estupro, pobreza extrema, negación del servicio médico en las primeras etapas del embarazo, inseminación no consentida y casos de malformaciones.
Marcela García, activista e integrante de Nueva Luna, destacó que la reforma protege a mujeres que enfrentan embarazos derivados de violencia sexual o que, pese a solicitar oportunamente la interrupción legal, fueron rechazadas en hospitales y terminaron superando el plazo permitido. Subrayó que muchas mujeres llegan a la semana 13 sin haber recibido atención médica adecuada debido a personal objetor de conciencia o a trámites internos que retrasan su acceso al servicio.
La activista explicó que la modificación también contempla escenarios de vulnerabilidad extrema, donde mujeres en condiciones de pobreza toman la decisión de abortar ante la imposibilidad de sostener un embarazo o garantizar el bienestar del futuro bebé. Señaló que estas situaciones, anteriormente, podían derivar en procesos penales que agravaban aún más su precariedad.
García agregó que la redacción previa del artículo permitía interpretaciones ambiguas que dejaban a las mujeres expuestas a ser criminalizadas, aun cuando actuaban bajo circunstancias extraordinarias. “La reforma brinda claridad jurídica y evita que decisiones tomadas en contextos límite sean castigadas con cárcel”, afirmó.
En cuanto al acompañamiento que brindan organizaciones civiles, informó que Nueva Luna recibió en el último año 15 solicitudes de apoyo por parte de mujeres que buscaban acceder a un aborto seguro o que no habían recibido información suficiente de instituciones de salud. Indicó que esta cifra refleja una demanda real y persistente de servicios de interrupción legal del embarazo en el estado.
La reforma fue aprobada por mayoría en el Pleno del Congreso local y permitirá ampliar las excluyentes de responsabilidad penal en casos de aborto, incorporando diversas circunstancias de vulnerabilidad. Colectivas feministas consideran que este cambio legal representa un paso importante para garantizar que ninguna mujer sea perseguida por ejercer su derecho a decidir en condiciones adversas.
