San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 03 de diciembre de 2025.– Sandra Campuzano, madre de Adriana una de las cinco víctimas atribuidas a Filiberto N, conocido como el feminicida de Tamuín acudió nuevamente a los juzgados para exigir claridad y avances en el expediente que desde hace años permanece sin resolución. Señaló que durante más de una década ha enfrentado silencio institucional y que, pese a vivir en Guanajuato, ha debido trasladarse constantemente a la capital del estado para obtener información que, afirma, ni el Ministerio Público ni los abogados del Estado le han proporcionado. Reveló además que su carpeta estuvo detenida desde 2021 por un amparo del que jamás fue notificada.

La madre recordó que la falta de empatía por parte de las autoridades ha sido una constante desde la desaparición de su hija, ocurrida cuando Adriana tenía apenas 13 años. Relató que en 2011 autoridades locales minimizaron su denuncia e incluso se burlaron de ella, lo que la obligó a emprender la búsqueda apoyada solo por habitantes de Tamuín y medios de comunicación. Aunque el cuerpo de la menor fue hallado tiempo después y el acusado confesó los hechos, el proceso judicial permanece inconcluso y Filiberto N continúa recluido en un penal federal sin sentencia.

Campuzano lamentó que, pese a la admisión del presunto feminicida y a su colaboración inicial para localizar otros restos, los expedientes más antiguos incluidos los de Adriana y de Rosita, primera víctima identificada se abrieron bajo la figura de homicidio y no feminicidio, debido a la legislación de la época. Esa clasificación, dijo, ha complicado aún más el avance jurídico y ha permitido que los recursos presentados por la defensa prolonguen indefinidamente el proceso.

En su visita más reciente, la madre se enteró de que su expediente fue reasignado hace apenas dos meses a un nuevo juzgado y que una jueza revisa por primera vez todo el historial. Criticó que nunca se le notificara del traslado y que, pese a solicitar asesoría durante años, la Ceeav y los abogados de víctimas solo le hayan pedido firmar documentos unas horas antes de su cita. Esta falta de acompañamiento, dijo, alimenta el temor de que la ausencia de sentencias y la rotación constante de funcionarios abra la puerta a que el acusado pueda recuperar su libertad.

Por su parte, la jueza de ejecución de penas, Rosa Elena Blanco Ríos, explicó que no se han emitido sentencias debido a la existencia de amparos y apelaciones promovidas por la defensa, los cuales deben resolverse antes de avanzar a la etapa final. Aclaró que dictar resolución sin atender esos recursos violaría el debido proceso y que cada notificación al penal de Durango, donde está recluido Filiberto N, tarda entre tres y cuatro meses en regresar. Aun así, aseguró que actualmente no existe posibilidad de que el acusado sea liberado, ya que todas las causas cuentan con auto de formal prisión.

Familiares de Campuzano continúan acudiendo por su cuenta a los tribunales para exigir información y presión institucional. Afirman que después de más de once años de retrasos, omisiones y expedientes sin movimiento, mantendrán su exigencia de justicia para evitar que los casos vuelvan a quedar varados y para que, finalmente, se dicten sentencias que hagan justicia a cada una de las víctimas.