San Luis Potosí, S.L.P., martes 2 de diciembre de 2025.– San Luis Potosí enfrentará 2026 con menos recursos federales para seguridad y justicia, en un contexto en el que la violencia y los delitos de alto impacto continúan presionando a corporaciones estatales y municipales. Así lo revela el análisis Estado de derecho 2026: en números rojos, elaborado por México Evalúa, que advierte que el deterioro del gasto público en seguridad a nivel nacional tendrá efectos directos en entidades como SLP, donde la capacidad institucional ya es limitada.


De acuerdo con el estudio, el presupuesto federal destinado al Estado de derecho para 2026 será uno de los más bajos en 15 años. Esto incluye funciones clave como seguridad pública, justicia, fortalecimiento municipal y procuración de justicia. Para estados y municipios, la reducción más crítica es la de los subsidios federales: mientras en 2014 se destinaban 18.5 mil millones de pesos a programas de fortalecimiento policial y prevención del delito, para 2026 sólo se contemplan 2.1 mil millones, una caída del 88 por ciento.


En San Luis Potosí, esta reducción implica menos recursos para capacitación, equipamiento y profesionalización de policías municipales, que ya operan con carencias estructurales. El estado quedó fuera de programas como el extinto Fortaseg desde 2020, y aunque el nuevo Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) reparte recursos a todos los municipios del país, la bolsa nacional es tan pequeña que su impacto real es mínimo: apenas 1.2 mil millones para dividir entre más de 2 mil 400 ayuntamientos.


A nivel local, la situación es especialmente sensible para municipios con alta demanda de servicios de seguridad, como Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala que enfrentan problemas crecientes de violencia letal, robo y extorsión. Con menos recursos federales, deberán sostener sus corporaciones con ingresos propios, lo que presiona aún más finanzas municipales ya debilitadas.


El documento también señala que el Fortamun, uno de los pocos fondos que sí crecerá automáticamente en 2026, podría llegar a SLP con un monto mayor, pero sin garantía de que los municipios lo utilicen para seguridad. La Ley de Coordinación Fiscal sólo recomienda destinar al menos el 20 por ciento de este fondo a funciones de seguridad pública, pero no lo obliga. Aunque la Auditoría Superior de la Federación ha detectado que la mayoría de los municipios cumple, el uso de esos recursos suele centrarse en gasto corriente y no en profesionalización o infraestructura policial.


Otro punto crítico es el presupuesto al Poder Judicial federal, que enfrentará un recorte de 15.8 mil millones de pesos, el mayor en dos décadas. Esto podría impactar los tiempos de resolución judicial y los servicios de defensoría pública para personas de bajos recursos, un tema relevante para San Luis Potosí, donde persisten rezagos en acceso a la justicia y altos niveles de impunidad.


México Evalúa advierte que el Estado mexicano destina menos de 1por ciento del PIB al fortalecimiento del Estado de derecho, mientras que el costo del delito para la población es mayor. En la entidad potosina se mantiene la percepción de inseguridad alta sobre todo en Soledad y Rioverde, según la ENSU, esta brecha entre necesidades y recursos podría agudizar la vulnerabilidad institucional.


El análisis concluye que la falta de inversión sostenida en policías locales, fiscalías y tribunales limita la capacidad de las entidades para contener al crimen organizado y mejorar la seguridad cotidiana. Para San Luis Potosí, esto implica enfrentar 2026 con recursos estrechos, mayores desafíos operativos y un escenario que exige fortalecer capacidades locales ante la ausencia de apoyo federal significativo.