San Luis Potosí, S.L.P., domingo 16 de noviembre de 2025.– La diputada local Frinné Azuara Yarzabal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, advirtió que San Luis Potosí enfrentará un recorte del 53 por ciento en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASA), lo que pondrá en riesgo la operación de INSABI Bienestar y la Secretaría de Salud en la entidad.

Azuara señaló que este recurso federal es clave porque se utiliza para el pago de personal del sector salud, por lo que calificó como inconcebible que el gobierno federal continúe disminuyendo presupuesto a un rubro esencial. “No es creíble que sigan afectando la salud de los potosinos y de los mexicanos”, afirmó.

La legisladora también alertó que el recorte tendrá repercusiones en programas de salud materna, en un contexto donde la mortalidad materna aumentó en los últimos seis años. “Es increíble que la salud no le importe al gobierno federal”, dijo, al destacar que la reducción de recursos lastima directamente el bolsillo de médicos, enfermeras y trabajadores del sector.

Azuara recordó que es la tercera vez que presenta un exhorto para exigir la publicación de la reforma al artículo 123 constitucional, que garantiza un salario digno para profesionales de la salud, policías y docentes. Aunque la reforma fue aprobada por todos los congresos locales y por el Congreso de la Unión, la presidenta del Senado, Laura Isel Castillo, no ha ordenado su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Esto demuestra que el gobierno federal está quebrado y ya no sabe de dónde sacar recursos”, acusó.

Además del recorte a personal, la diputada denunció una reducción adicional en la compra de medicamentos, lo que consideró “cruel”, especialmente ante el desabasto que persiste en todo el país. Señaló también que la federación no ha reconocido el desabasto de gas, que ya afecta a seis estados, incluido San Luis Potosí, particularmente en municipios de la Huasteca.

Azuara criticó la centralización de recursos federales, la cual, aseguró, ha dejado sin capacidad de respuesta a estados y municipios. Recordó que desde 2019 la Federación eliminó el fideicomiso destinado a la seguridad pública y que, desde entonces, los gobiernos estatales han tenido que asumir costos adicionales sin apoyo federal.

En contraste, reconoció que el gobierno estatal ha tenido que invertir más de lo previsto para garantizar servicios de salud y seguridad. Ejemplificó con la compra de patrullas y el reciente incremento salarial para policías, que no ha podido hacerse efectivo a nivel federal pese a ser un derecho aprobado.

“La centralización nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. En salud tampoco”, concluyó la legisladora, advirtiendo que la falta de recursos seguirá afectando servicios esenciales y debilitando a los municipios, especialmente en seguridad y atención a contingencias.