Cdmx., viernes 14 de noviembre de 2025.- Los llamados “monstruos”, vehículos de carga modificados con blindaje artesanal y utilizados por grupos del crimen organizado, han sido protagonistas de enfrentamientos y contenido en redes sociales debido a su imponente estructura y uso en combates entre cárteles y fuerzas de seguridad en México. Aunque su presencia ha sido constante en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, su circulación se ha transformado especialmente en este último estado tras la narcoguerra entre Los Chapitos y Los Mayos.
En septiembre de 2024, en vísperas del estallido del conflicto interno en el Cártel de Sinaloa, autoridades aseguraron un vehículo monstruo en Culiacán. Estos vehículos, diseñados para resistir armas de alto calibre y explosivos, fueron ampliamente utilizados durante los primeros meses del enfrentamiento, según crónicas periodísticas que documentaron su presencia en calles de la capital sinaloense.
Investigadores señalan que el uso de estos narcotanques es parte de una sofisticación logística estimulada por la militarización del combate al crimen organizado en México. No obstante, el prolongado conflicto interno entre facciones del cártel y los golpes operativos del Gabinete de Seguridad han debilitado su capacidad económica para fabricar estos costosos vehículos. Habitantes de Culiacán reportan que ahora los grupos delictivos se desplazan en autos compactos, mientras datos de la Fiscalía estatal y de aseguradoras registran un aumento en robos de vehículos.
En contraste, Tamaulipas continúa como la entidad con mayor número de aseguramientos y destrucción de vehículos monstruo. La Fiscalía General de la República reportó la destrucción de más de 100 unidades en distintos operativos solo en 2024, y datos de la Secretaría de la Defensa Nacional confirman que el estado lidera decomisos desde hace ocho años.
Ante este panorama, el Gobierno federal endureció las sanciones: en mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum reformó la ley de armas para castigar con hasta 15 años de prisión a quienes usen, fabriquen o ensamblen vehículos blindados de manera artesanal, así como armas hechas con impresoras 3D. Con ello, el Estado busca frenar la producción de estos vehículos que, durante años, han simbolizado el poderío paramilitar de los cárteles en México.
