La entrega inmediata anterior de esta columna dio cuenta que la competitividad va de mediocre a mala para las Instituciones de Educación Superior, IES, en México; hecho que incluye a los Centros Públicos de Investigación, CPIs.

Dolora conclusión emerge de las frías cifras: México no ha logrado hacer de sus IES un pilar de desarrollo; es el caso para Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI.

De ahí que algunas opiniones focalizan a CONACYT, a pocos meses de su 51 aniversario, como una pérdida de esfuerzo y recursos.

No falta talento, ese brota por todo México, tanto en artes como en CTI, brinca en cada banqueta.

Basta detenerse en poblaciones pequeñas, digamos Coatepec, Veracruz, para darse un baño de talento musical; Tlaquepaque, Jalisco, para pintura y escultura; o en Zacatecas u Oaxaca…el talento en México salta por doquier.

De igual manera es suficiente hacer un alto en alguna de las IES, incluso al azar, para constatar el talento en diversas áreas de la CTI; hecho que me costa en décadas de carrera científica.

Empero, no es suficiente que haya talento, se requieren, es necesario, instituciones públicas y privadas sólidas; unas con políticas de acción sistemática que fomente y madure al talento y le permita desarrollo competitivo, que eleve su potencial.

La iniciativa privada es prácticamente nula, es lamentable; además hay una línea delgada para emitir opinión o acción alguna sobre sus políticas institucionales, sólo en corto, en privado, valga la cacofonía, se puede opinar.

Lo que a esta columna consta es que, de los poquísimos esfuerzos, es con las uñas que alcanzan logros, muy acotados; como el caso del avatar -robot humanoide telemanipulado- que ha logrado llegar a una final internacional; labor de INBIODROID.

En cuanto a la política pública, ahí es diferente, esa nos atañe y compete a todos por su naturaleza misma, es púbica; pero, además, la política pública puede entorpecer los quehaceres privados, la CTI no es excepción.

El siguiente ejemplo ilustra.

Suponga usted que alguien profesional de la CTI obtiene, a partir del conocimiento de su autoría, potencial de desarrollo tecnológico, incluso para colocar esa tecnología en un mercado (llamada innovación).

En tal caso las reglas no están claras para la comercialización misma; la norma está anudada sin solución, me explico.

Si el financiamiento para generar el conocimiento fuera público, hecho mayoritario en nuestro país, es deseable que haya algún retorno a ese ámbito; en opinión de esta columna debe ser a través de impuestos resultado de la renta de la comercialización misma, pero puede ser mediante becas públicas a nuevos talentos, etcétera.

No obstante, si los derechos de propiedad se quedaren en CONACYT, el resultado será la no comercialización; la tecnología quedará en una gaveta sin mayor futuro, pues, nomás para empezar, ese consejo es parte del Estado Mexicano y el Estado no lucra.

Lo mejor sería que quien generó el conocimiento y desarrolló la tecnología corra el riesgo de colocar el producto en el mercado; pero lo único que corre quien lo hiciere es el riesgo de ser penalizado, no faltaría quien señale el asunto como uso indebido de recursos públicos o alguna otra infracción normativa.

Una asesoría legal formal es ampliamente recomendada, pero no es nada simple; la política pública entorpece, ese es el hecho.

Como en la CTI, en otros quehaceres y saberes sociales la estructura formal es regulada mediante los convenios y normas que la sociedad misma consolida; proyectadas a la realidad como políticas públicas, de ahí la relevancia de criticar analíticamente los actos de CONACYT e insistir al poder legislativo sobre la norma.

Pero hay cerrazón, recién CONACYT firmó un convenio con la CANIFARMA, el discurso oficial es autocomplaciente (lo pueden ver en el canal YouTube del consejo), cerrado a presumir los respiradores supuestamente desarrollados en México y la vacuna anti-COVID19 llamada “patria”, de la cual está probado es conocimiento extranjero. 

¿Y el legislativo?