San Luis Potosí, S.L.P., martes 11 de noviembre de 2025.– A tres años de la presentación de las modificaciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en el país, San Luis Potosí continúa sin armonizar su marco jurídico en la materia, denunció Claudio Alderete, integrante del colectivo Derechos Urbanos, quien señaló que esta omisión legislativa se traduce en la pérdida de vidas humanas todos los días.

“Venimos a recordarle al Congreso que en tres años se pierden mil quinientas vidas en San Luis Potosí por siniestros viales, que no son accidentes, sino omisiones legislativas”, sostuvo Alderete, quien encabezó este lunes una manifestación simbólica frente al Congreso del Estado. Agregó que la falta de avances se debe, entre otros factores, a la ausencia de consultas a personas con discapacidad y pueblos originarios, las cuales son necesarias para aprobar nuevas leyes en materia de movilidad.

El activista cuestionó que, aunque recientemente se aprobaron ampliaciones presupuestarias por cerca de 10 millones de pesos para el Congreso del Estado, dichos recursos no se destinarán a la realización de consultas ciudadanas. “Esperemos que lo reconsideren. Cada día que pasa se pierden vidas; es urgente atender la ley de movilidad y otras que esperan ser aprobadas”, recalcó.

Alderete señaló que, en promedio, se pierden una o dos vidas diariamente por siniestros viales en la entidad, en su mayoría provocados por exceso de velocidad, consumo de alcohol y falta de infraestructura segura. “Sabemos que muchos ocurren en los mismos lugares y bajo las mismas condiciones; mientras no se atiendan los factores estructurales, los números no van a cambiar”, advirtió.

El representante del colectivo lamentó, además, que las autoridades no cuenten con bases de datos actualizadas ni desagregadas sobre los incidentes viales, lo que impide generar políticas públicas efectivas. Pese a algunos acercamientos con el Congreso y autoridades municipales, afirmó que los avances han sido limitados. “No buscamos confrontar, sino sumar esfuerzos entre sociedad civil, academia y gobierno. Pero después de tres años, la responsabilidad sigue estando en los 27 legisladores y legisladoras”, concluyó.