Sancionan a subsecretario de Gobernación Estatal por incumplir amparo a Marichuy

Miguel Ángel García Amaro recibirá una multa federal de 67 mil 884 pesos.

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Ernesto García

- jueves, noviembre 6 de 2025

San Luis Potosí, S.L.P., jueves 6 de noviembre de 2025.– El actual subsecretario de Gobernación estatal, Miguel Ángel García Amaro, fue sancionado por la justicia federal con una multa de 67 mil 884 pesos por incumplir un amparo a favor de María de Jesús Almendarez Prieto, conocida como Marichuy, cuando aún encabezaba la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).

La resolución fue emitida el 24 de octubre de 2025 por el Juzgado Segundo de Distrito en San Luis Potosí, tras acreditar que García Amaro no dio cumplimiento completo a una sentencia que ordenaba dictar nuevas medidas de reparación integral para la víctima. El juzgado precisó que la multa deberá pagarse con recursos personales del funcionario y no con fondos públicos.

Según el expediente, la CEEAV fue requerida en varias ocasiones para resolver el caso, pero el entonces comisionado prolongó el trámite durante meses y realizó acciones que la autoridad calificó como “insuficientes” o “ilusorias”. El juez advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría imponerse una segunda multa superior a los 79 mil pesos e incluso iniciarse un proceso por desacato ante un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pocos días después de recibir la notificación, García Amaro presentó su renuncia a la CEEAV, la cual fue aceptada por el Congreso del Estado el 4 de noviembre. Aunque el gobierno estatal describió su salida como un “relevo natural”, la víctima considera que estuvo directamente relacionada con la sanción y con la falta de cumplimiento del amparo que lleva más de cuatro años en trámite.

El caso de Marichuy Almendarez evidencia las deficiencias persistentes en la atención a víctimas en San Luis Potosí, donde desde 2021 el Poder Judicial Federal ha emitido reiteradas órdenes a la CEEAV para que cumpla con la reparación del daño sin que, hasta ahora, se haya garantizado plenamente el derecho de la afectada.