San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 29 de octubre de 2025.– Con el respaldo de las secciones 26, 52 y 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el diputado Crisógono Pérez López, del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo en San Luis Potosí. El proyecto busca brindar seguridad jurídica y acompañamiento institucional a las y los docentes frente a denuncias infundadas o acoso laboral.
El legislador explicó que la propuesta fue elaborada en conjunto con los dirigentes sindicales Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Elizabeth Viviana Guerrero Milán y María del Rosario Villaseñor Oliver, y surgió ante casos de docentes amenazados o sancionados por denunciar situaciones de violencia o abuso hacia estudiantes. “Se trata de que los docentes realmente tengan protección”, subrayó Pérez López durante la presentación.
Conformada por 31 artículos, la iniciativa plantea principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección integral del personal educativo. Define la criminalización injustificada como toda sanción sin sustento legal y contempla medidas de restitución para reparar daños causados por denuncias falsas. Además, obliga a la Secretaría de Educación (SEGE) a brindar asesoría jurídica, atención psicológica y respaldo institucional gratuito.
Dirigentes sindicales enfatizaron que la ley responde a la vulnerabilidad del magisterio frente a denuncias sin fundamento o procesos mediáticos. María del Rosario Villaseñor, de la Sección 61, señaló que “no es un documento más, sino un acto de justicia para miles de trabajadoras y trabajadores perseguidos por defender lo correcto”, denunciando hostigamientos y represalias en instituciones tecnológicas.
El documento incluye un procedimiento obligatorio ante denuncias maliciosas, garantizando la presunción de inocencia y la confidencialidad de las partes, y establece sanciones si se comprueba dolo. Entre los derechos reconocidos se encuentran la estabilidad laboral, remuneración justa, asesoría legal gratuita, cobertura médica y medidas de seguridad. Los dirigentes llamaron a las bancadas a respaldar el proyecto, enfatizando que proteger al personal educativo fortalece también la estabilidad del sistema escolar.
