Desecha SCJN intento de la UASLP para impugnar fiscalización de recursos propios

Aclararon que universidad posee autonomía de gestión, no constitucional.

Por

Ernesto García

- jueves, octubre 23 de 2025

San Luis Potosí, S.L.P., jueves 23 de octubre de 2025.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no tiene legitimidad para promover controversias constitucionales contra el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE). Con esta resolución, la Corte desechó el intento de la universidad de impugnar la fiscalización de sus recursos propios.

El proyecto, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, avaló el acuerdo inicial de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que había declarado la controversia 178/2025 como notoriamente improcedente. El Pleno señaló que, aunque la UASLP se considere un órgano autónomo, su normativa la define como un organismo descentralizado con autonomía de gestión, distinta de la autonomía constitucional plena que tienen otros entes, como comisiones de derechos humanos u órganos garantes de transparencia.

Durante la sesión, se aclaró que la autonomía universitaria reconocida en la Constitución estatal no equivale a independencia constitucional. Por ello, la universidad no puede ser incluida en el listado de entes que tienen derecho a recurrir a medios de control constitucional bajo la fracción I del artículo 105 de la Constitución federal.

El fallo, aprobado por unanimidad, también incorporó ajustes sugeridos por las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y Yasmín Esquivel para precisar fundamentos normativos y párrafos del dictamen original. Con esto, se mantiene firme la imposibilidad de la UASLP para cuestionar judicialmente la fiscalización estatal de sus recursos.

La decisión cierra un capítulo más del conflicto que la universidad mantiene con el IFSE desde 2023, que incluye amparos y juicios de nulidad. Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE, destacó que la UASLP es el único ente público que se resiste a la auditoría local, con observaciones pendientes por más de 600 millones de pesos de la cuenta pública 2023.