San Luis Potosí, S.L.P., martes 21 de octubre de 2025. – La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) anunció una serie de destituciones, renuncias y medidas administrativas derivadas de las omisiones en la atención del caso de una presunta violación ocurrida dentro de la Facultad de Derecho, hecho que ha generado indignación entre la comunidad universitaria y protestas en distintas facultades.
Durante una conferencia de prensa, la abogada general y representante legal de la institución, Urenda Queletzu Navarro Sánchez, informó que, por instrucción del rector Alejandro Zermeño Guerra, fue destituida Magdalena Beatriz González Vega, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Su lugar será ocupado de forma interina por la licenciada Olivia Salazar Flores, activista reconocida y actual secretaria técnica de la Oficina de la Audiencia General. Además, se confirmó la expulsión de los tres estudiantes involucrados en la presunta agresión sexual, y se reiteró la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, aceptada por las autoridades universitarias.
La universidad también conformó una comisión temporal integrada por el secretario general de la Facultad, la titular del Órgano de Control Interno y la propia abogada general, quienes asumirán la administración de la entidad académica en tanto se emite la convocatoria para elegir nuevas autoridades. Asimismo, la UASLP informó que ha entregado a la Fiscalía General del Estado material videográfico e información relevante sobre el caso, y ha colaborado en el aseguramiento de los espacios donde presuntamente ocurrieron los hechos.
Por su parte, la titular del Órgano Interno de Control, Carla Pantoja, confirmó que desde el lunes se abrió un expediente de investigación para esclarecer posibles actos u omisiones por parte del funcionariado universitario. Señaló que el procedimiento permanecerá abierto y se actuará de forma “técnica y objetiva” para determinar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones correspondientes.
Finalmente, Urenda Queletzu Navarro subrayó que la universidad cumplirá con su deber institucional de garantizar los derechos humanos dentro de su competencia, y reiteró su compromiso de colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento del caso y la eventual imputación penal de los presuntos responsables.
