San Luis Potosí, S.L.P., lunes 13 de octubre de 2025.– Organizaciones civiles acusaron al Gobierno del Estado y al Congreso de San Luis Potosí de incumplir su obligación de realizar consultas reales y efectivas a personas con discapacidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Afirmaron que, pese a las sentencias judiciales favorables, las autoridades continúan realizando ejercicios superficiales que no garantizan una participación auténtica.
Luis Gonzalo Lozano, abogado de Cambio de Ruta A.C., señaló que la consulta a las personas con discapacidad no puede reducirse a un trámite administrativo. Explicó que en varios casos, como el Plan Municipal de Desarrollo de Villa de Pozos, se ha demostrado la omisión del proceso, mientras que a nivel nacional se han promovido más de una decena de amparos contra el Plan Nacional de Desarrollo por el mismo motivo. “Convocan una vez, sirven café, llenan unas encuestas sin sentido y dicen que ya hubo consulta. Eso no es participación, es simulación”, denunció.
Por su parte, Catalina Torres Cuevas, directora de la Escuela de Sordos Hermenéutica A.C., recordó que el Plan Estatal de Desarrollo tampoco ha cumplido con las adecuaciones ordenadas desde diciembre de 2024, entre ellas la creación de un área gubernamental encargada de coordinar las políticas de discapacidad. A casi un año, lamentó, “no se ha hecho nada”, lo que demuestra que los acuerdos se cumplen solo en el papel.
En tanto, Janeth, estudiante y una de las promoventes del amparo, aseguró que las autoridades buscan aparentar cumplimiento sin avances reales. “Querían que firmáramos para decir que ya se cumplió, pero seguimos sin oportunidades de estudio ni empleo”, señaló. En la misma línea, Víctor Hernández, de la Coalición Movilidad Segura SLP, pidió al Congreso estatal garantizar presupuesto y mecanismos que permitan consultas accesibles en todas las regiones del estado, especialmente en la Huasteca, la Zona Media y el Altiplano.
Las organizaciones coincidieron en que el Estado debe dejar de litigar las sentencias y comenzar a institucionalizar la participación de las personas con discapacidad. “En lugar de pelear en tribunales, pongámonos a trabajar y hagamos la consulta como debe ser”, concluyó Lozano.
