San Luis Potosí, S.L.P., domingo 28 de septiembre de 2025.– La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, urgió a que se aceleren los trámites para que el Hospital Regional Dr. Ignacio Morones Prieto recupere su licencia y pueda retomar los trasplantes suspendidos desde la pandemia de Covid-19.
El pronunciamiento se dio tras la protesta de pacientes renales que denunciaron el incumplimiento de la promesa del gobierno estatal de reabrir la agenda de cirugías desde noviembre pasado.
De acuerdo con la legisladora, la demora se originó por la federalización de los servicios de salud, proceso que modificó el registro nacional de las Claves Únicas de Establecimientos de Salud (CLUES) y provocó que la licencia de trasplantes del hospital perdiera validez. Actualmente, una nueva solicitud está en trámite ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“Estamos inmersos en este tema y le damos seguimiento puntual para que se regrese lo más pronto posible la licencia y puedan reanudar las cirugías, que son urgentes y tan importantes para rescatar el servicio de trasplantes en el estado”, expresó Azuara.
La legisladora adelantó que presentará un exhorto al gobierno federal para ampliar el presupuesto destinado al hospital, con el fin de garantizar el abasto de medicamentos y vacunas. “Queremos solicitar que se respete y se amplíe el presupuesto para que nunca más puedan faltar vacunas ni medicamentos en el estado. La atención médica es un derecho de los ciudadanos”, subrayó.
Azuara también llamó a los pacientes a ejercer acciones legales para defender su derecho a la salud. “Como médica, les pido que inicien demandas. Tienen que escalar su situación, es su derecho. Toda la atención médica está derivada de los impuestos que pagamos los mexicanos y está enmarcada en la Constitución”, afirmó.
La diputada recordó que, debido a la transferencia de los servicios de salud al ámbito federal en 25 estados del país, los exhortos presupuestales ya no pueden dirigirse a los gobiernos estatales, por lo que la gestión dependerá de las autoridades federales.
