San Luis Potosí, S.L.P., jueves 18 de septiembre de 2025.– El estado registró un incremento significativo en la victimización y en la incidencia delictiva durante 2024, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el estudio, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes pasó de 23 mil 591 en 2023 a 25 mil 468 en 2024, lo que representa un aumento del 8 por ciento. Mientras tanto, el número de delitos reportados alcanzó 38 mil 336 por cada 100 mil habitantes, un incremento del 20.7 por ciento respecto al año anterior, muy por encima del promedio nacional, que fue de 5 por ciento.

Entre los delitos más frecuentes en la entidad se encuentran el fraude (21.7 por ciento), el robo o asalto en calle y transporte público (17.2 por ciento) y la extorsión (17.1 por ciento), replicando la tendencia nacional. Otros ilícitos como amenazas, robo de vehículo y robo en casa habitación también mantienen una incidencia considerable.

La ENVIPE 2025 también pone en evidencia la llamada “cifra oculta”: el 93.2 por ciento de los delitos no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación, y en casos como secuestro o extorsión este porcentaje supera el 97 por ciento. Entre las principales razones para no denunciar destacan la percepción de que es una pérdida de tiempo (34.6 por ciento) y la desconfianza hacia las autoridades (14 por ciento).

La percepción de inseguridad es alta entre los potosinos: 75.6 por ciento considera que vivir en el estado es inseguro, y para el 64.2 por ciento representa el principal problema, por encima de la salud (34.5 por ciento) o el aumento de precios (31.9 por ciento). La sensación de vulnerabilidad es especialmente marcada al caminar de noche cerca de sus hogares, con solo el 40.3 por ciento de la población sintiéndose segura; la brecha de género es evidente: 49.5 por ciento de los hombres se perciben seguros frente a 32.3 por ciento de las mujeres.

El impacto económico también es relevante. En promedio, cada persona afectada por delitos perdió 6,226 pesos durante 2024, mientras que los hogares invirtieron en medidas preventivas como cerraduras, rejas o cámaras de vigilancia, lo que aumenta el costo indirecto de vivir en un entorno percibido como inseguro. A nivel nacional, el costo de la inseguridad asciende a 269.6 mil millones de pesos, equivalentes al 1.07 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En cuanto a la confianza en las instituciones, la Marina y el Ejército continúan siendo las autoridades con mayor aceptación, con niveles superiores al 90 por ciento. Sin embargo, la policía y los jueces enfrentan altos niveles de percepción de corrupción, que alcanzan hasta 75 por ciento, coincidiendo con la baja disposición ciudadana a denunciar y la falta de resultados tangibles en las investigaciones.

La ENVIPE 2025 dibuja un panorama preocupante: en San Luis Potosí, la inseguridad no solo se refleja en un aumento de delitos y víctimas, sino también en la erosión de la confianza hacia las autoridades y en los costos económicos y sociales que deben asumir los ciudadanos. Para el estado, el reto no se limita a reducir la incidencia delictiva, sino a romper el círculo de impunidad y desconfianza que mantiene a la inseguridad como la principal preocupación de los potosinos.