San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 10 de septiembre de 2025.- El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros interpuso un amparo indirecto contra el Congreso del Estado de San Luis Potosí por incumplir con la creación de una Fiscalía Especializada en Desapariciones, obligación establecida en la Ley General desde 2017 y que sigue pendiente en la entidad.

La presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, explicó que el recurso fue promovido con el respaldo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, luego de años de gestión fallida. “Después de ocho años de promesas rotas, la única salida que nos queda es la vía judicial”, expresó.

Pérez Rodríguez calificó la falta legislativa como una “omisión criminal” y advirtió que no se trata de un error administrativo, sino de violencia institucional que profundiza el dolor y la incertidumbre de las familias.

Recordó además que San Luis Potosí sigue rezagado, siendo uno de los seis estados del país sin una fiscalía especializada para atender la crisis de desapariciones.

En su mensaje, la activista señaló directamente al diputado Fernando Gámez, a quien acusó de incumplir los compromisos hechos con las familias buscadoras. Narró que, en un acto público, las víctimas le entregaron corazones de papel como símbolo de su dolor y que, entre lágrimas, el legislador prometió impulsar la creación de la fiscalía. “Hoy no ha hecho nada; fue un agravio más”, denunció.

El colectivo responsabilizó también al Ejecutivo estatal, al señalar que desde Palacio de Gobierno se ha obstaculizado el tema, mientras que la Subsecretaría de Gobierno solo ha simulado diálogo. Incluso recordaron que la fiscal general, María Manuela García, justificó la ausencia de avances bajo el argumento de falta de recursos, pese a que la ley lo obliga.

Además, reprocharon que el plazo federal vencido el 15 de septiembre de 2025, que ordenaba a los congresos locales armonizar sus leyes y crear fiscalías especializadas, fue ignorado en San Luis Potosí. “El Congreso actúa con rapidez cuando se trata de negocios o intereses políticos, pero frente a las desapariciones ha preferido la omisión”, acusaron.

Finalmente, Edith Pérez subrayó que el objetivo del amparo es que la Justicia Federal obligue al Congreso a cumplir con la ley. “Si no lo hacen por voluntad, tendrán que hacerlo por mandato legal. Las desapariciones no admiten excusas: vivos se los llevaron y vivos los queremos”, concluyó.