San Luis Potosí, S.L.P., viernes 22 de agosto de 2025.– Entre 10 y 15 mujeres internas en el Centro Penitenciario de Xolol podrían acceder a un beneficio legal mediante amnistía o indulto, tras la reciente reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado, señaló el abogado José Mario de la Garza Marroquí.

El litigante explicó que la modificación a los artículos 57 y 80 de la Constitución Política del Estado devuelve al gobernador la facultad de otorgar indultos y, de manera adicional, faculta al Congreso para conceder amnistías, mediante un nuevo procedimiento que se implementará con la creación de un comité evaluador.

“Se va a establecer en la Constitución la creación de un comité para revisar casos de personas sentenciadas que hayan enfrentado violaciones a derechos humanos, carecido de defensa adecuada o en cuyos procesos no se aplicó perspectiva de género. Este órgano analizará y emitirá dictámenes sobre posibles amnistías”, precisó De la Garza.

El abogado recordó que el caso de Sanjuana Maldonado reveló deficiencias estructurales en la impartición de justicia y motivó la revisión de la legislación local. “Nos dimos cuenta que hay muchas mujeres en San Luis Potosí con sentencias muy largas y procedimientos concluidos, que ameritan una revisión para determinar si procede otorgarles una amnistía”, agregó.

De acuerdo con la reforma, habrá dos vías de revisión: el indulto, otorgado directamente por el gobernador, y la amnistía, gestionada por el Congreso a través de la comisión que dictaminará los casos.
El transitorio de la reforma establece que en un plazo máximo de 180 días el Congreso deberá expedir la Ley de Amnistía y la Ley del Indulto para San Luis Potosí. Estos ordenamientos definirán el procedimiento y permitirán que personas sentenciadas —hombres y mujeres— soliciten la revisión de sus casos.

De la Garza Marroquí adelantó que participará en la construcción de este marco legal para garantizar que las personas privadas de la libertad tengan un recurso efectivo.

“Funciona también para hombres con sentencias de 50 a 70 años, dependiendo del caso, pero será fundamental que quienes estén condenados puedan pedir que se revisen sus procesos”, indicó.