San Luis Potosí, S.L.P., jueves 21 de agosto de 2025.- La incidencia delictiva en San Luis Potosí muestra un preocupante aumento de los delitos de fraude, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De acuerdo con la información correspondiente al período entre enero y junio de 2025 proporcionada por las entidades federativas, estos delitos de fraude, robo de identidad y despojo, sumaron 1,228 casos en el primer semestre de 2025 para el caso de San Luis Potosí.
A pesar de estas cifras, la justicia sigue sin alcanzarlos, manteniendo una alarmante brecha entre las denuncias y la resolución de los crímenes. El desglose de los datos por mes revela un comportamiento oscilante pero elevado en este tipo de delitos.
Enero de 2025 fue el mes con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por fraude, robo de identidad y despojo, con un total de 260 casos; y, en contraste, mayo fue el mes con la menor cantidad de denuncias, registrando 225 casos.
Estos 1,228 casos representan aproximadamente un 9.55% del total de 12,857 delitos registrados en la entidad de enero a junio de 2025, lo que sitúa a estos crímenes patrimoniales como un problema de gran relevancia en el estado.
Impunidad, presente en la mayoría de los casos
El repunte de estos delitos en 2025 se da en un contexto de histórica impunidad. En el periodo de 2014 a 2024, la Vicefiscalía de San Luis Potosí reportó que se abrieron 805 carpetas de investigación por delitos contra la identidad y 811 por fraudes cometidos con tecnologías de la información.
A pesar de estas 1,616 denuncias en una década, solo una de ellas fue judicializada; y esta cifra, casi nula, evidencia una profunda desconexión entre el registro de denuncias y la capacidad del sistema de justicia para investigarlas, procesarlas y llevar a los responsables ante los tribunales.
El panorama actual subraya la urgencia de fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado para enfrentar la delincuencia cibernética y los delitos patrimoniales. Es indispensable la inversión en tecnología, la capacitación de los ministerios públicos y la asignación de personal especializado para garantizar que cada denuncia reciba el seguimiento adecuado.
El creciente número de víctimas de fraude y robo de identidad demanda una respuesta contundente de las autoridades, con el fin de romper el círculo vicioso de la impunidad y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.
