San Luis Potosí, S.L.P., miércoles 6 de agosto de 2025.- El Poder Judicial de San Luis Potosí solicitó un recurso extraordinario de 11 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas del estado, con el objetivo de poner en marcha el nuevo Tribunal de Disciplina, uno de los órganos contemplados en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Así lo dio a conocer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Arturo Morales Silva, quien precisó que la iniciativa ya fue presentada ante el Congreso local y actualmente se encuentra en proceso de análisis.
“Ya tuvimos una primera reunión de trabajo con el Congreso y vamos a seguir colaborando las veces que sea necesario. Hay una excelente disposición por parte de las y los diputados para discutir esta reforma”, indicó el magistrado.
Entre los principales cambios que contempla la propuesta está el desarrollo de las facultades del órgano de administración y del Tribunal de Disciplina, los cuales están contemplados en la Constitución, pero sin atribuciones claramente definidas a nivel local. Morales Silva explicó que esta reforma busca llenar ese vacío legal y mejorar la operación interna del Poder Judicial.
“En cuanto a las facultades jurisdiccionales, seguirán siendo exclusivas del Supremo Tribunal, pero sí es necesario detallar qué funciones tendrán los nuevos órganos”, puntualizó.
Sobre la solicitud presupuestal, el magistrado explicó que el recurso extraordinario será destinado a la instalación del Tribunal de Disciplina, un órgano completamente nuevo que requiere personal, espacio físico, mobiliario y equipo. “El Supremo Tribunal reducirá su integración de 16 a 15 magistrados a partir de septiembre. Ese lugar será ocupado por uno de los magistrados del Tribunal de Disciplina, pero se necesitarán dos espacios más”, detalló.
Morales Silva confió en que la reforma avance de manera positiva en el Legislativo. Aunque aún no hay una fecha establecida para su votación, afirmó que el Poder Judicial mantiene su disposición total para colaborar en la construcción de una ley que fortalezca su autonomía y eficiencia operativa.
