San Luis Potosí, S.L.P., sábado 26 de julio de 2025.- A partir del 16 de octubre de este año, la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica comenzará a operar oficialmente como un documento de identificación válido para trámites y servicios en todo el país. Aunque su uso será voluntario y progresivo, su implementación ha generado preocupación entre sectores legales y sociales, que advierten sobre un posible retroceso en derechos humanos, el riesgo de exclusión social y las débiles garantías de protección de datos personales por parte del Estado mexicano.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, esta nueva CURP incluirá elementos biométricos como huellas dactilares, escaneo de iris, firma electrónica y fotografía digital, integrados en una base de datos nacional administrada por el Registro Nacional de Población (Renapo).

La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que esta cédula no sustituirá a la credencial para votar del INE y que no se utilizará con fines electorales, al tiempo que insistió en su carácter voluntario y en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales.

Sin embargo, para diversos juristas y organizaciones de la sociedad civil, la narrativa oficial no disipa los temores de una vigilancia digital sin precedentes. En entrevista, el presidente del capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana de Abogados, Jorge Chessal Palau, calificó la CURP biométrica como “la culminación de un ataque que durante años se había logrado frenar”.

“Lo más preocupante es que se está construyendo una base de control estatal masivo disfrazada de modernización administrativa. Este tipo de sistemas ya se habían intentado antes y fueron rechazados por organismos de derechos humanos. Hoy regresan sin debate, sin garantías y con un Congreso que legisla por consigna”, denunció.

Chessal sostiene que, aunque la CURP biométrica no será obligatoria en términos legales, en la práctica sí podría marginar a quienes decidan no tramitarla. “No pueden forzarte, pero sí excluirte: sin CURP biométrica quizá no puedas abrir una cuenta bancaria, comprar un boleto de avión o registrar un contrato. Se impone de facto, aunque no en papel”, afirmó.

El abogado también cuestionó la aprobación de la medida en un periodo extraordinario, señalando que el Congreso actuó con ligereza: “Fue una aprobación exprés para complacer al Ejecutivo. No hubo reflexión, no hubo responsabilidad. Solo querían salir de vacaciones dejando el tema resuelto”.

Desde el ámbito jurídico, advirtió que aunque existen vías como el juicio de amparo para impugnar la medida, las posibilidades de frenar su implementación son bajas, debido a los cambios recientes en la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte. “Incluso si se promueve una acción de inconstitucionalidad, al tratarse de una norma general no se suspende su aplicación”, explicó.

La Secretaría de Gobernación ha insistido en que la base de datos será segura, alojada en servidores certificados y con accesos restringidos solo a personal autorizado. Pero para Chessal, las garantías institucionales en México son insuficientes: “El Estado mexicano tiene un historial lamentable en manejo de información sensible. Desde la venta del padrón electoral hasta los hackeos al SAT, no hay confianza en su capacidad para proteger datos tan delicados como la biometría”.

A diferencia de la CURP tradicional, esta nueva versión integrará una infraestructura de datos robusta, supervisada por el Renapo y disponible para instituciones de salud, educación, justicia y servicios financieros. Aunque se establece que no podrá utilizarse con fines comerciales ni electorales, la experiencia nacional e internacional plantea dudas sobre su eventual uso discrecional, sobre todo en contextos de vigilancia, control poblacional o discriminación.

El gobierno federal prevé que el trámite de la CURP biométrica esté disponible al público en general a partir de enero de 2026 en módulos del Registro Civil y oficinas autorizadas en todo el país. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y académicos ya analizan los posibles impactos sociales, políticos y legales de su implementación.

Para la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis, la nueva cédula representa un parteaguas que podría profundizar la desconfianza ciudadana en el Estado. “Este documento refleja una tendencia peligrosa: la de sustituir la protección de derechos por una lógica de control y vigilancia. Desgraciadamente, los derechos humanos hoy han dejado de ser prioridad”, concluyó Chessal.